Mediante un acuerdo votado por la mayoría opositora, la Cámara instó a los 46 países a que “instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano”, a fin de “garantizar la protección” de los fondos en vista de “no contar” Venezuela “con representación legal ante los entes regulatorios”.

La misma petición se hace a la banca privada de estos países, una lista en la que, además de los 28 de UE, están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía y Emiratos Árabes.

La decisión del Parlamento es parte de la batería de decisiones legales con las que aspira cercar a Maduro, que juró hace casi una semana para un nuevo mandato de 6 años, cuya legitimidad la oposición no reconoce.

Maduro fue reelegido el pasado mayo en unos comicios a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales dirigentes.

Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE no reconocen la legitimidad de su segundo término.

Esta misma jornada, el Legislativo acordó “declarar formalmente la usurpación de la Presidencia” por parte de Maduro y, por lo tanto, “asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto” del líder chavista, así como repudiar por “nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo”.