Gobierno de facto de Bolivia aumenta monto para indemnizar a familias de víctimas de la masacre de Senkata
Tras un acuerdo con los afectados, se dejará de lado una parte del Decreto 4100 de diciembre pasado, que establecía una indemnización a cambio de no acudir a instancias internacionales por este caso.
El Gobierno de facto de Bolivia entregará 100.000 bolivianos (poco más de 14.400 dólares) en concepto de «ayuda humanitaria» a los familiares de las víctimas mortales de la masacre de Senkata, ocurrida el pasado 19 de noviembre, durante un operativo policial y militar.
David Inca, secretario jurídico del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional El Alto (APDHEA), quien habló en representación de los afectados, en declaraciones a la prensa detalló que se acordó con las autoridades de facto la derogatoria de parte del Decreto 4100, que establecía entregar 50.000 bolivianos (poco más de 7.200 dólares) a las familias de los fallecidos a cambio de no acudir a instancias internacionales por este caso.
En el nuevo acuerdo, que será publicado en un nuevo decreto, también se estableció que se entregará hasta 50.000 bolivianos a los heridos; aunque el monto real se establecerá de acuerdo a la gravedad de su situación.
Inca aclaró que estos montos no son por «un resarcimiento de daños», solamente es «ayuda humanitaria», que también incluye el pago del dinero que han gastado en clínicas u hospitales donde han sido atendidos y los gastos que se podrían generar a futuro por las afectaciones.
Además, a los jóvenes familiares de las víctimas se les ayudará con facilidades para ingresar a la universidad; mientras, los más pequeños recibirán material escolar, así como ayuda en alimentación y ropa.
La masacre
El 19 de noviembre del año pasado, apenas días después del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y la autoproclamación como mandataria interina de Jeanine Áñez, se realizó un operativo policial y militar contra un bloqueo que mantenían ciudadanos bolivianos en la planta de Senkata, ubicada en El Alto.
El violento accionar de los uniformados provocó la muerte de 10 personas y decenas de heridos.
El 5 de diciembre, luego que el Gobierno de facto negara que las balas que asesinaron a los manifestantes fueron disparadas por las fuerzas de seguridad, Áñez firmó el Decreto 4100 para indemnizar con condiciones a los familiares de las víctimas, que fue rechazado de inmediato por los afectados.
Esta no fue la única masacre registrada tras el golpe de Estado. Previamente, el 15 de noviembre, otro operativo policial y militar atacó a miles de campesinos en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, que se dirigían a La Paz.
El operativo contra estos campesinos que se dirigían a La Paz para protestar contra el Gobierno de facto dejó un salo de nueve personas muertas y decenas de heridos.