Medina observa y envía a Cámara de Diputados Ley de Residuos Sólidos
SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina devolvió a la Cámara de Diputados la recién aprobada Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, luego de observarla y considerar que existen dos disposiciones transitorias que necesitan ser modificadas.
En un documento con fecha de este viernes 07 de agosto, remitido al presidente de la Cámara Baja, Radhamés Cámacho, hizo la observación de que el artículo 172, párrafo II, numeral 8, presenta dos inconvenientes, por tener una especie de privilegios a favor de determinadas personas o empresas por concepto de toneladas de residuos sólidos procesados.
Dicho numeral establece que el fideicomiso para la gestión de los residuos “tendrá la facultad de pagarle a los gestores de residuos sólidos ya establecidos, antes de la entrada en vigencia de esta ley, reconociéndole las toneladas procesadas que estén debidamente certificadas por las autoridades municipales de cada caso”.
El primer mandatario resaltó en su escrito que, “comprometiendo retroactivamente y sin aparente límite temporal los fondos del fideicomiso de referencia, y por otro, deja a la total discreción e los administradores del fideicomiso a cuáles de estos gestores pagar”.
En tanto que la segunda observación fue al artículo 172, párrafo II, numeral 17 el cual dispone que los incentivos contemplados en el artículo 43 de la ley, les serás aplicados a las empresas o gestores ya establecidos con por lo menos los últimos tres períodos fiscales anteriores.
“Dicha disposición daría a entender que no podrán beneficiarse de estos incentivos ni los gestores establecidos uno o dos períodos fiscales antes ni los que puedan establecerse luego de la entrada en vigencia de la ley, contradiciendo directamente los principios de alcance general e irrectroactiva de la ley”, destaca.
Medina recomendó, además, eliminar las disposiciones contenidas en el numeral 8 y 17 del párrafo 11 del artículo 172, con la finalidad de preservar los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, así como para garantizar su aplicación general e igualitaria.