EE.UU. sanciona a la fiscal de la Corte Penal Internacional por su investigación de crímenes de guerra en Afganistán
EE.UU. impuso este miércoles sanciones contra la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por la investigación que adelanta para determinar si las fuerzas estadounidenses han cometido crímenes de guerra en Afganistán. Así lo anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, para luego precisar que también Phakiso Mochochoko, jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la CPI, ha sido incluido en la lista negra.
Las sanciones, autorizadas por el presidente Donald Trump en junio, permiten congelar los activos que pudieran tener esos funcionarios en EE.UU. y negarles la entrada al país.
«Hoy damos el siguiente paso, porque la CPI sigue apuntando a los estadounidenses, lamentablemente», explicó Pompeo en declaraciones a los periodistas, al calificar al tribunal de «institución completamente resquebrajada y corrupta».
De igual manera, indicó, también las personas y entidades que brinden «apoyo material» a Bensouda y Mochochoko para investigar a los estadounidenses podrían enfrentar sanciones.
Además, el Departamento de Estado restringió la emisión de visas a las personas que, según Pompeo, han estado involucradas en los esfuerzos del tribunal por investigar al personal estadounidense, aunque el diplomático no reveló los nombres de los afectados.
CPI, ONU y defensores de los DD.HH. condenan las sanciones
O-Gon Kwon, jefe de la junta directiva de la corte –la Asamblea de los Estados Partes–, condenó las medidas «inaceptables y sin precedentes» contra la organización. Las sanciones «solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común de luchar contra la impunidad por atrocidades masivas», denunció O-Gon Kwon en un comunicado.
El secretario general de las ONU, Antonio Guterres, recibió «con preocupación» la declaración de Pompeo, según su portavoz Stephane Dujarric. El vocero enfatizó que el organismo espera que EE.UU. cumpla con su acuerdo con las Naciones Unidas, que permite que la fiscal acuda a la sede de la ONU para tratar asuntos de la CPI. «Siempre hemos defendido la necesidad de justicia internacional y el tema de la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad», subrayó Dujarric.
Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch, condenó la medida como una «perversión asombrosa de las sanciones de Estados Unidos», acusando a la Administración Trump de haber «tergiversado» esas medidas «para obstruir la justicia».
En la misma línea, Daniel Balson, de Amnistía Internacional, aseguró que el anuncio está «diseñado para hacer lo que esta Administración hace mejor: acosar e intimidar», y además «penaliza no solo a la CPI, sino a los actores de la sociedad civil que trabajan por la justicia junto con la corte en todo el mundo».
«Nadie que sea responsable de los crímenes más graves, conforme al derecho internacional, debería poder esconderse de la rendición de cuentas bajo un manto de impunidad», aseveró.