Corte Suprema de Brasil ordena declaración oral y presencial de Bolsonaro por acusaciones de Moro
El magistrado Celso de Mello desestimó la petición del fiscal general de que el Mandatario respondiera por escrito, ya que se encuentra en calidad de investigado.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó este viernes que el Presidente Jair Bolsonaro preste declaración de forma presencial, y no por escrito, en el caso en que es investigado por supuestas injerencias políticas e ilegales en la Policía Federal, como denunció el ex ministro de Justicia Sergio Moro. La decisión fue tomada por el magistrado Celso de Mello, decano del alto tribunal y encargado del caso en el que figuran como investigados tanto el Mandatario como Moro, quien ya fue interrogado por las autoridades en mayo pasado.
El proceso fue abierto tras la renuncia como ministro de Justicia y Seguridad Pública del ex juez Moro, quien en su despedida acusó públicamente al líder derechista de «interferir políticamente» en la Policía Federal, órgano que adelanta investigaciones contra algunos de los hijos del gobernante. Moro presentó entonces su renuncia al no aceptar los cambios en la cúpula de la Policía Federal exigidos por Bolsonaro y le acusó de presionar a la corporación. Los investigadores habían insistido al tribunal en la necesidad de tomar declaración al Mandatario para concluir sus pesquisas, ante lo cual el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, solicitó que lo hiciera por escrito.
Sin embargo, De Mello afirmó en su decisión que esa posibilidad es una prerrogativa de los presidentes sólo cuando figuran como testigos o víctimas en un caso, pero no cuando son investigados. Asimismo, el magistrado autorizó a Moro a enviar sus propias preguntas para que sean respondidas por el jefe de Estado. En su interrogatorio, el ex ministro, conocido por liderar, en su etapa como juez, la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó a prisión a numerosos políticos y empresarios, afirmó que esas presuntas presiones se hicieron explícitas en una reunión ministerial celebrada el 22 de abril, días antes de su renuncia.
En esa reunión, que fue grabada en video y cuyo contenido fue divulgado públicamente, Bolsonaro, visiblemente irritado, lamentó la poca información que le facilitaba la Policía Federal. El gobernante también expresó en ese encuentro que no iba a esperar a que alguien «jodiese a toda su familia» y que ya había intentado sin éxito «cambiar a la gente de seguridad de Río». Bolsonaro se defendió entonces diciendo que hacía referencia a su seguridad personal, pero Moro alega que en realidad hablaba de la Policía Federal en Río de Janeiro, donde avanzan investigaciones contra dos de sus hijos: el concejal Carlos y el senador Flavio.
Si hubiera indicios suficientes contra Bolsonaro, que niega todas las acusaciones, la Fiscalía podría presentar una denuncia en su contra ante el Supremo, que sólo abriría un juicio si así lo aprueba una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados (342 de un total de 513). Sólo si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, periodo en el cual el Supremo tendría que realizar el juicio, y en caso de ser declarado culpable sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao.