El Plan Minero conspira contra la vida misma de esta isla y de dos pueblos

Los amores del Gobierno de Luis Abinader-PRM-Empresariado  con Barrick Gold implican una peligrosa aventura bajo tutela de EEUU, superpotencia evidentemente   decadente. Ella incluye un Plan Minero (degradante del ambiente y generador de escasez de agua para privatizarla), onerosas Alianzas Público-Privadas (APPs), Pacto Fiscal (en un CES controlado por el gran capital privado),  ventas de activos estatales y sumisión a la política exterior de EEUU (incluidas agresiones a Venezuela, alianza con el nefasto Grupo de Lima, hostilidad frente a Cuba y desprecio de las ventajas que podría ofrecer un mundo multipolar y las relaciones bilaterales con China). Sobre todo eso se escuchan graciosas pretensiones gubernamentales en voz del Presidente, su Canciller y sus ministros-empresarios.

A esto agrego que cuando la venta de bienes del Estado y del patrimonio natural del país, y la formación de APPs, están a cargo de altos funcionarios, que son a la vez grandes empresarios o socios de ellos, esas operaciones se traducen en tráfico de influencia y, por tanto, implican corrupción. Más, si las ventas y asociaciones que involucran propiedades públicas y recursos naturales, van a parar a manos o bajo control administrativo de grupos económicos y corporaciones privadas de los cuales estos funcionarios forman parte. Y ese es el caso  de lo que ahora se pretende hacer en el sistema eléctrico y en nuevas áreas turísticas.

Es engañoso que se diga, que con las ventas de “activos” del Estado, el gobierno empresarial del PRM va a “recaudar” 90 mil millones de pesos, cuando se sabe que vender no equivale a “recaudar”. La venta de propiedades de toda la sociedad -ahora bajo control de un Estado que no merece confianza- a personas y empresas privadas, equivale a privatizar; lo que implica empobrecer al Estado y enriquecer más aún a los tutumpotes.

A esto se suma que en parte se trata de completar el traspaso de propiedades y acciones de la colectividad nacional en el sector eléctrico -proceso iniciado en 1998 con la llamada “capitalización”- a corporaciones privadas, criollas y extranjeras; fortaleciendo así el bloque colonizador, que responde a los intereses del imperialismo estadounidense. Y como se trata de un sistema de empresas que mueve casi todas las actividades de la sociedad, esto conlleva ceder totalmente a EEUU y a sus aliados la seguridad y la soberanía del país en ese sector estratégico, que por definición debería ser nacional y público.

Mientras… el Plan Minero conspira contra la vida misma de esta isla y de dos pueblos.