Creen temor fiscalicen dinero traba ley partidos
SANTO DOMINGO, RD.- El temor a una legislación que fiscalice el dinero de los partidos es el principal obstáculo que enfrenta en el Congreso el proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, señalado como el único instrumento jurídico capaz de evitar el desorden y el casos en las lecciones de 2020.
Observadores atribuyen el conflicto en torno a si las primarias internas deben ser cerradas o abiertas a un ardid para evitar la aprobación del proyecto, bajo la premisa de que los partidos no quieren que se los fiscalicen.
Evitar el uso de los fondos públicos en las campañas electorales y que los partidos reciban dinero de dudosa procedencia que luego comprometan al Estado es una de las razones de esa legislación introducida por primera vez al Congreso en el 2011 por la Junta Central Electoral (JCE).
En la actualidad, nadie fiscaliza el dinero que reciben los partidos ni su procedencia.
Sin una Ley de Partidos es casi imposible controlar esas donaciones, partiendo del actual irrespeto a las decisiones de la JCE.
El proyecto
El proyecto en cuestión considera dinero ilícito aquellos cuya procedencia no pueda ser determinada, las de gobiernos o instituciones extranjeras sin domicilio o residencia en el territorio dominicano y las de personas cuyas actividades personales o comerciales están reñidas con la ley, entre otras.
El artículo 64 de la Ley de Partidos crea la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos reconocidos por la JCE, para fiscalizar los fondos públicos y privados que reciben las organizaciones.
El artículo 61 establece que los aportes de campaña hechos por particulares a los partidos no podrán ser superior al uno por ciento del monto máximo correspondiente a la organización que reciba la mayor asignación de fondos públicos.
El artículo 57 prohíbe a los partidos costear sus actividades con dinero proveniente de las instituciones públicas y de los ayuntamientos.
“Inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de sus instancias durante el período oficial de campaña de las elecciones generales convocada para cualquiera de sus niveles”.
Esos mandatos de la Ley de Partidos se contraponen a la exhibición y el derroche de recursos públicos y privados que hacen las organizaciones políticas antes y durante las campañas, que atenta con el principio de equidad que debe primar en los procesos electorales.
Mientras algunas fuerzas políticas hacen gran derroche de dinero en caravanas, vallas publicitarias, publicidad en los medios de comunicación, rotulación de vehículos, reparto de dinero entre sus adeptos, alquiler de locales, otras apenas pueden financiar algunas reuniones.