Corrupción, fraudes y crímenes de lesa humanidad: los delitos por los que podrían ser juzgados los expresidentes mexicanos
El 1 de agosto se realizará una inédita consulta cuyos alcances son desestimados por la oposición.
El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en plena campaña para promover la participación en la consulta popular que se realizará el 1 de agosto y en la que la ciudadanía decidirá si quiere que se juzgue o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque en realidad la pregunta que deberán responder los mexicanos es más compleja y no menciona de manera explícita a los exmandatarios, el propio López Obrador ya advirtió que lo que está en juego es la posibilidad de sentar a sus antecesores en el banquillo de los acusados.
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», es la frase que vendrá impresa en las papeletas.
Los verdaderos alcances de esta votación han sido puestos en duda desde la oposición debido a la vaguedad de que el cuestionamiento se refiera a «actores políticos» y no a los expresidentes; a «años pasados» y no a determinados periodos de Gobierno; y a «proceso de esclarecimiento» y no a juicios en concreto.
A ello se suma otro factor que puede hacer que este ejercicio de democracia participativa, que se realiza por primera vez en México, quede en la nada, ya que se necesitan por lo menos 37 millones de votos en favor del «sí» para que sus resultados sean vinculantes, es decir, para que se haga efectivo el inicio de investigaciones judiciales.
Por eso, desde sus conferencias mañaneras, el presidente ya anticipó que en las próximas semanas convocará a la ciudadanía a participar en la consulta, aunque él mismo no votará, ya que la principal intención es que el pueblo sea el que mande qué quiere hacer con respecto a los delitos adjudicados a sus antecesores.