Polémica operación policial en Río de Janeiro: despliegan 1.200 agentes para «recuperar» el control de una favela
Organizaciones defensoras de los derechos humanos critican que en pleno año electoral la seguridad vuelve a ser «bandera política».
Nueve meses después de una sangrienta operación policial que terminó con la vida de 28 personas en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, 1.200 agentes fueron desplegados este miércoles como parte de un nuevo plan para «recuperar» el control de la zona dominada por grupos criminales.
El despliegue forma parte del proyecto Ciudad integrada, impulsado por el Gobierno del estado, y que pretende reformular las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), una iniciativa creada en 2008 y que intentó sin éxito apostar por un modelo de policía comunitaria.
Desde primera hora de la mañana, la Policía Militar de Río de Janeiro publicó en las redes sociales imágenes de los agentes fuertemente armados patrullando la favela. Las operaciones también se extendieron a otros barrios como el de Muzema.
Según O Globo, al menos 32 personas fueron detenidas durante las operaciones.
«Iniciamos un proceso de transformación de las comunidades en el estado de Río. Han sido meses elaborando un programa que cambie la vida de la población y generé dignidad y oportunidades. Las operaciones de hoy son solo el comienzo de un cambio que va mucho más allá de la seguridad», apuntó el gobernador Cláudio Castro.
Castro apuntó que el sábado dará detalles del proyecto.
Críticas
Antônio Carlos Costa, presidente de la ONG Rio de Paz, criticó a través de un video la iniciativa. Costa recordó que las UPP llegó a la comunidad de Jacarezinho en 2013 y fue desmovilizada en 2019 sin alcanzar los objetivos deseados: minimizar el control territorial de los grupos criminales e instalar proyectos sociales.
«Comienzan a llegar relatos de allanamientos de casas de vecinos de Jacarezinho. Policía Militar no aceptaremos violencia contra la población. Vamos a pedir una reunión de emergencia con Cláudio Castro», aseguró el diputado David Mirando, quien sostuvo que se trata de un «proyecto sin transparencia».
Por su parte, Atila Roque, director de la Fundación Ford Brasil, escribió: «Es muy difícil no parecer escéptico. No aprendieron de los errores y aciertos de las UPP. Una vez más comienza la guerra y la militarización de los territorios, sin diálogo ni transparencia. En año electoral, la seguridad ciudadana vuelve a ser bandera política».
La activista Dani Monteiro se manifestó en el mismo sentido. «En año electoral, sabemos que la agenda de seguridad pública es el blanco principal de los candidatos desde una perspectiva perversa y genocida: la violencia contra la población negra y periférica», denunció.