La gasolina en Estados Unidos alcanza máximos no vistos desde 2008
El Gobierno depositó este lunes ante el Senado varios proyectos de leyes, entre estos el de reforma a la Ley de Hidrocarburos cuya revisión de precios se aplicaría cada 15 días en lugar semanal, como es en la actualidad.
El ministro de Industria y Comercio, Víctor – Ito- Bisonó, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregaron también al presidente del Senado, Eduardo Estrella, el proyecto de modificación de la ley de Compras y Contrataciones y el de regulación de los fidecomisos públicos.
El presidente Luis Abinader anunció que tomaría esa iniciativa durante el discurso de rendición de cuentas que ofreció ayer desde la Asamblea Nacional.
Bisonó dijo que la reforma planteada por el Poder Ejecutivo a la ley de Hidrocarburos incluye “algún tipo de ahorro” en el precio de los carburantes, aunque se apresuró en aclarar que eso dependerá de las “fluctuaciones” de los mercados.
El funcionario agregó que el proyecto del Gobierno plantea la creación de un fondo de compensación que se aplicará ante las “irregularidades” que se presenten en los mercados globales de los combustibles, para poder “contrarrestarlos” de esa manera.
Peralta, por su parte, reiteró el apoyo del Gobierno al proyecto de ley de extinción de dominio, que es estudiado por una comisión bicameral del Congreso Nacional.
Abinader, ayer, manifestó su respaldo a la aprobación de ese proyecto “para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano”.
Con relación a ese proyecto, Estrella dijo ante Bisonó y Peralta que la comisión bicameral está haciendo consultas para que “todo el mundo” tenga el derecho a opinar sobre el particular.
“Cada quien puede opinar ciudadanos, partidos (…) Queremos que de ahí salgan la mejor ley de extinción de dominio, para que los fondos públicos sean recuperados para el Estado”, afirmó el legislador.
El proyecto fue aprobado en una oportunidad por el Senado, pero no así por la Cámara de Diputados.
En lo referente a la ley de Contrataciones Públicos, las modificaciones plantean prohibir de manera “absoluta” cualquier tipo de negociación con el Estado del presidente, vicepresidente y sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado, lo que incluye a hijos, cónyuge, padres, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos y cuñados.
En lo referente a las mipymes, la ley incrementaría de un 20 % a un 30 % el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas a este sector y, dentro de este, de un 5 % a un 10 % para las mipymes propiedad de mujeres.
Además, la Dirección General de Contrataciones Públicas supervisará la adquisición de bienes y servicios comunes y estandarizados de uso frecuente por las instituciones públicas, para los cuales establecerá precios y condiciones de entrega durante un tiempo definido.
Por su parte, el proyecto de ley para la regulación de los fideicomisos públicos establece una normativa para su regulación estructura y funcionamiento, así como su capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras de infraestructura o servicios de interés colectivo.