El archivo de una ley en el Parlamento de Ecuador desata una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo (y vuelve el fantasma de la «muerte cruzada»)
El jueves, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió, con 87 votos afirmativos, 44 negativos y 3 abstenciones, negar y archivar el proyecto de Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo, con carácter económico urgente, lo que significa que el Legislativo tenía 30 días para tratarlo; plazo que venció justamente el jueves. De no pronunciarse, la normativa iba a entrar en vigencia bajo la figura del ministerio de la ley.
La negativa y el archivo del proyecto fue apoyado por la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), así como asambleístas de Pachakutik e Izquierda Democrática (ID).
¿Qué proponía la ley y por qué fue negada?
El eje principal de este cuerpo legal era la «atracción de inversiones», según se desprende de la exposición de motivos del texto.
El presidente del país, Guillermo Lasso, dijo que el objetivo era conseguir 30.000 millones de dólares en inversión y generar más de 2 millones de empleos.
El proyecto planteaba cinco ejes: una nueva normativa para asociaciones público-privadas, una nueva regulación para el incentivo de Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico, una reforma profunda al mercado de valores, reformas a varios cuerpos legales que impiden, dificultan o desalientan la transformación digital y los mercados tecnológicos, y, por último, también cambios a leyes en los que existen posibilidades importantes de inversión y generación de empleos, dificultadas o impedidas por regulaciones inconvenientes.
Respecto a las asociaciones público-privadas, en el proyecto se definen como «una modalidad de gestión delegada relacionada con el desarrollo, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura». Esto implicaría delegar a un sujeto de derecho privado la gestión de un proyecto público mediante contratos de largo plazo.
La delegación de proyectos de inversión del Gobierno central bajo el mecanismo de alianzas público-privadas sería obligatoria para obras áreas como transporte, vialidad puertos y aeropuertos, infraestructura hospitalaria, vivienda, deportes y cultura, e infraestructura educativa; y el contrato podría durar hasta 30 años y prorrogarse hasta 10 años más.
Entretanto, en relación con la creación de nuevas zonas francas, que tendrían un plazo de 20 años —prorrogable las veces que sean necesarias—, Lorena Konanz, ministra subrogante de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, explicó que estos serán espacios delimitados dentro del territorio del país donde se podrán asentar empresas de servicios, industriales y de logística para realizar procesos productivos y de exportaciones. Habría incentivos, como la exoneración total del Impuesto a la Renta durante los primeros 10 años y luego una disminución de 10 puntos, exoneración total en el Impuesto a la Salida de Divisas para importación de bienes de capital, insumos y materia prima, también exoneración de tributos al comercio exterior y tarifa cero al Impuesto al Valor Agregado.
Desde la bancada de UNES señalaron que este proyecto era una «ley privatizadora», que «no atraía inversiones, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente».
«A los únicos a quienes les convenía era a los banqueros que sacan la plata del país y quieren subir las tasas de interés; a las grandes chequeras que buscan evitar el pago de impuestos; y a los bancos que quieren obligar al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) a comprar su cartera vencida», dice el comunicado de esta bancada.
Entretanto, previo a la votación, desde la bancada de la ID ya habían advertido que el proyecto de ley «podría afectar a los intereses ciudadanos, sin garantizar la generación de empleos dignos y coartando la posibilidad de regular y controlar con transparencia las posibles inversiones o alianzas público-privadas que llegaran a darse en territorio ecuatoriano».
En el pleno, los legisladores de Pachakutik mostraron carteles en los que se podía leer: «La patria no se vende, la patria se defiende».
El enojo de Lasso
El archivo del proyecto provocó el enojo de Lasso, quien tildó de «ladrones» y «corruptos» a los legisladores y los acusó de querer chantajear al Ejecutivo a cambio de su voto favorable en el Parlamento.
«Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir (la administración de) hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto», dijo Lasso visiblemente enojado, según se puede apreciar en un video que publicó en su cuenta en Twitter.
También los señaló de haber pedido «dinero en efectivo» al Gobierno o que no se les cobrase impuestos a cambio del voto.
El mandatario comentó que con este archivo, el Congreso le ha dado la espalda «a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad».
Lasso advirtió con «analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución» para «insistir y luchar» por esa oportunidad a la que «aspira el pueblo ecuatoriano».
Algunos legisladores, entre ellos Dalton Bacigalupo (ID), José Vallejos (UNES), Mauricio Zambrano (UNES), pidieron al mandatario ecuatoriano que denuncie, con nombres, a los asambleístas que, según él, pretendieron chantajear al Ejecutivo.
«Lo más sensato es irnos a nuestras casas»
Ante el escenario que ha generado el debate de esta ley de inversiones, ha vuelto, como en el estallido social de octubre de 2019, el fantasma de la «muerte cruzada».
La muerte cruzada es una facultad jurídica, contemplada en la Constitución ecuatoriana, que permite al presidente de la República disolver a la Asamblea Nacional o faculta al Parlamento para destituir al mandatario.
El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana establece que el mandatario podrá disolver el Parlamento cuando «se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna».
Entretanto, el artículo 130 de la Carta Magna dice que el Congreso podrá destituir al presidente «por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional» o «por grave crisis política y conmoción interna».
En ambos casos, una vez ocurrida una de las dos opciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones presidenciales y parlamentarias.
El martes pasado, durante su programa ‘Encontrémonos por la Ciudadanía’, Lasso fue consultado sobre la activación de este mecanismo de la «muerte cruzada» y señaló que, «por el momento, no es un tema que el Gobierno lo está considerando».
Pero un día antes, el lunes 21 de marzo, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, dijo que ese mecanismo no estaba descartado, aunque señaló que es un recurso de última instancia cuando no hay elementos para destrabar la crisis política.
«No (se) descarta la muerte cruzada si fuera necesario, pero en este momento no se reúnen las circunstancias para que tenga que llevarse a cabo», expresó.
Luego del archivo del proyecto el jueves, uno de los que se pronunció a favor de activar la «muerte cruzada» fue el asambleísta Daniel Noboa Azin, de Ecuatoriano Unido, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente de la ley.
«Ante estas circunstancias de caos e inestabilidad política que vive el país, lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a muerte cruzada», dijo el legislador en un comunicado.
Añadió que la Asamblea Nacional «no ha estado a la altura de las circunstancias», «no ha sintonizado con las grandes demandas ciudadanas» y «no ha permitido trabajar en leyes necesarias para mitigar los efectos dejados por la covid-19».