Dos partidos españoles recurren ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el archivo de la investigación a Juan Carlos I
Después de que la Fiscalía General de España archivase en marzo las investigaciones que mantenía abiertas sobre el patrimonio del exmonarca Juan Carlos I, dos partidos políticos han recurrido la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
En un comunicado conjunto Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) consideran que «la justicia española ha vulnerado sus derechos al negarse a investigar las actuaciones presuntamente delictivas» de Juan Carlos I.
Estas dos formaciones cuenta con el respaldo del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.
IU y PCE hacen hincapié en la naturaleza «opaca» de Tribunal Supremo y de la Fiscalía que «no ofreció resultado alguno en los más de dos años transcurridos sin practicar diligencias desde que en diciembre de 2018 registraron una querella contra el anterior jefe del Estado».
Asimismo, argumentan que el Supremo vulneró los artículos 6.1 y 13.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos al archivar las querellas que «hacen alusión al derecho fundamental a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial».
«Carta blanca»
También denuncian la interpretación que a su juicio hace el Tribunal Supremo de «la inviolabilidad de la que goza el todavía rey emérito» y que «sirvió para rechazar» y «archivar de manera sucesiva» la querella presentada por estos dos partidos.
«La justicia española ha dado carta blanca al exmonarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna», reza el comunicado.
En este sentido, recuerdan que «está muy reciente la decisión de un juez británico de seguir con la causa abierta contra el rey emérito por la demanda que interpuso su examante Corinna Larsen», ya que la «justicia británica considera que no puede ampararse en ningún tipo de inmunidad».
Casi dos años después de su salida del país, en agosto de 2020, fecha desde la que el exjefe de Estado reside en Abu Dabi, el pasado mes de marzo se cerraron tres causas que indagaban en la fortuna que mantenía en el exterior oculta al fisco nacional.
La Fiscalía alegó que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad que le otorga la Constitución Española de 1978 cuando tuvieron lugar parte de los hechos investigados, mientras que otros se encuentran prescritos.
La vía abierta en Londres es la única que se mantiene y que puede acabar con el exmonarca español respondiendo en un juzgado por sus relaciones personales y no por el origen y gestión de su fortuna.