Aplazan fallo que enviaría a juicio de fondo a los acusados por venta de terrenos en Los Tres Brazos
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva prorrogó para el próximo lunes 06 de junio la lectura del fallo de la audiencia preliminar, donde determinará si los implicados en el supuesto fraude millonario por la venta del sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este irán a juicio de fondo.
De inmediato el aplazamiento generó la indignación de algunos propietarios y la comisión de los Derechos Humanos en el país, que advirtieron que no descansarán hasta que se haga justicia y los responsables vayan a la cárcel.
Se esperaba que, tras cuatro años de debate, este lunes el juez Juan Francisco Consoró validara si hay elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
A las afuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Adelia Chalas, quien asegura que lleva más de 40 años residiendo en el sector de Los Tres Brazos, narró como con esfuerzo y sacrificio levantó su casita y el asedio que vivió cuando los supuestos propietarios del terreno donde está construida se presentaron para cobrarle una cuota mensual.
La señora de edad avanzada pidió que en contra de los implicados caiga todo el peso de la ley y demandó la titulación de los terrenos.
Se recuerda que a mediados del 2016 se conoce el caso de fraude por la venta ilegal de 1,213,861 m² de los terrenos del sector Los Tres Brazos a un precio de 80 millones de pesos por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) a la empresa Inversiones Fernández Parache (INFEPA), por medio de la compañía Titutlatec.
Por el caso está imputado Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), además, la Pepca acusa a Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
La acusación establece que los citados funcionarios públicos se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.