Un tribunal de Suecia condenó a cadena perpetua a un ex funcionario iraní por las ejecuciones de opositores en 1988
Protesta frente al Tribunal de Distrito de Estocolmo, donde se anunció el veredicto en el juicio de un ex funcionario de prisiones de Irán (EFE/EPA/Chris Anderson)
Un tribunal de Suecia ha condenado este jueves a cadena perpetua a un antiguo funcionario iraní por su papel en la ejecución masiva y tortura de opositores en 1988 en una cárcel de la ciudad de Karaj, situada en los alrededores de la capital, Teherán.
El condenado, Hamid Nuri, fue arrestado en el país europeo en noviembre de 2019 y en 2021 se abrió un juicio contra él por su papel en la matanza de miles de personas, según ha recogido el diario sueco Aftonbladet.
El tribunal ha fallado que Nuri sea deportado y que pague compensaciones por daños a los familiares de los supervivientes, sin que la defensa haya dicho si va a apelar y sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado sobre el fallo.
Balkis Jarrá, directora interina para Justicia de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), ha dicho que “tras más de 30 años, el veredicto en Suecia es un momento significativo para los supervivientes y los familiares de los que fueron ejecutado de forma sumaria por las autoridades iraníes en verano de 1988″.
“El veredicto envía un mensaje a los más altos cargos de Irán implicados en estos crímenes de que no pueden permanecer para siempre fuera del alcance de la justicia”, ha manifestado.
La ONG Amnistía Internacional había indicado previamente que alrededor de 5.000 personas fueron ejecutadas por las autoridades, si bien alertó de que la cifra podría ser aún más alta. La purga se centró en miembros de la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), si bien también fueron ejecutados numerosos integrantes de partidos izquierdistas y opositores como Tudé, de tendencia comunista.
El actual presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue duramente criticado durante la campaña electoral de 2021 por su papel como uno de los cuatro jueces que supervisaron las órdenes de ejecución, si bien rechazó las denuncias y dijo que se limitó a defender la seguridad nacional.
Las ejecuciones fueron efectuadas a raíz de un edicto secreto emitido por el entonces gran líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, tras una incursión armada en Irán por parte del PMOI, un grupo de oposición con sede en Irak e ilegalizado por las autoridades iraníes, según el informe publicado por Amnistía en 2018.
La orden de Jomeini llegó en las últimas fases de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), en la que el PMOI, que participó activamente en la revolución que derrocó al sah Reza Pahlevi con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen de Sadam Hussein tras denunciar las acciones de la cúpula religiosa instaurada por los ayatolás.
El grupo fue perseguido por las autoridades religiosas instauradas en Irán, lo que llevó al entonces líder del grupo, Masud Rajavi, a alcanzar en 1986 un pacto con Hussein en plena guerra entre ambos, lo que llevó al líder supremo de Irán a ordenar la ejecución de supuestos miembros y simpatizantes de la organización.