«Se desmontaron las increíbles mentiras»: Cristina Fernández declara por última vez en el juicio por presunta corrupción
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este viernes por última vez en el juicio en el que está acusada de presunta corrupción y en el que la Fiscalía ya pidió una pena de 12 años de prisión en su contra.
«Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales, además quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio», afirmó la expresidenta en una jornada de alta expectativa política en la que participó de los alegatos de su defensa.
Fernández de Kirchner felicitó a sus abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, quienes a lo largo de esta semana expusieron ante el tribunal pruebas que contradicen las acusaciones que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola realizaron el mes pasado durante nueve audiencias.
«No se puede creer cómo han llevado este juicio adelante», afirmó la vice al pedirle a los jueces que se incorporen todas las pruebas documentales y periciales que demuestran «las mentiras» de la fiscalía.
Hace un mes, Luciani y Mola pidieron, además, que se le inhabilite de manera perpetua para ocupar cargos públicos y se decomisen sus bienes.
Fernández de Kirchner citó varios ejemplos de las pruebas que presentaron sus abogados y que contradicen las acusaciones, como una supuesta reunión de ella con el empresario Lázaro Báez que, en realidad, nunca existió.
También recordó la anomalía que representa el hecho de que el fiscal Luciani y el juez Rodrio Giménez Uriburu, quien forma parte del tribunal que la juzga, hayan participado en torneos de futbol en una propiedad del expresidente Mauricio Macri.
En el caso específico de Luciani, denunció que su alegato fue «una intervención artística grandilocuente» e «histriónico» que sólo expuso «mentiras, calumnias y difamaciones».
Cronología
El juicio comenzó en mayo de 2019 y es el desenlace de la llamada ‘Causa Vialidad’, que se bautizó así porque se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de Macri, para investigar la adjudicación de millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que fue gobernada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner de 1991 a 2003.
La tesis de la fiscalía es que, a partir de 2003, cuando Kirchner asumió la presidencia, tantó él como su esposa y sucesora encabezaron una asociación ilícita que benefició con millonarios contratos de obras públicas viales al empresario santacruceño Lázaro Báez.
Además de ser amigo de la familia, durante la presidencia de ambos mandatarios Báez se convirtió al mismo tiempo en contratista del Estado y socio de negocios privados de los Kirchner.
La sospecha es que, de 2003 a 2015, la pareja presidencial le adjudicó a Báez contratos de obras públicas para que luego les devolviera parte de esos fondos (que eran del Estado) a través de alquileres ficticios en hoteles o inmuebles propiedad de los Kirchner.
Es decir, que era una maniobra de corrupción.
Báez forma parte de la lista de 13 acusados de este proceso, pero ya fue condenado en otra causa por lavado de dinero.
Como parte de su defensa, Fernández de Kirchner pidió que se auditara toda la obra pública que hubo durante sus dos mandatos (2007-2015) para demostrar que no hubo adjudicaciones privilegiadas a Báez, lo que le fue denegado.
Esta semana, sus abogados defensores expusieron sus últimos alegatos en el juicio y refutaron todas las acusaciones de los fiscales.
Sin embargo, la propia Fernández de Kirchner ha advertido que el fallo en su contra ya está escrito de antemano.