Tribunal Constitucional de Perú anula el proceso contra Pedro Castillo por traición a la patria
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú anuló este martes el proceso que había ordenado abrir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria.
El fallo, citado por medios locales, indica que la declaratoria de nulidad se da porque el acuerdo contra Castillo vulnera «el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria».
La decisión del TC se produce en medio de la visita de una delegación de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Perú, tras la activación de la carta democrática, solicita por el presidente Castillo semanas atrás, para tratar de encarrillar la crisis de gobernabilidad y los intentos de destitución en su contra.
Justamente, este martes, el pleno del TC se reunió en Lima con los integrantes de la misión de la OEA, quienes formularon preguntas a los magistrados y escucharon las respuestas sobre distintos aspectos.
A inicios de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó el informe final con el que planteaban acusar por presunta traición a la patria y supuestas infracciones a la Constitución, al presidente Castillo.
La medida se perfilaba como la fase inicial para un juicio político contra el mandatario, en el que también buscaban inhabilitarlo por cinco años para la función pública.
Según ese informe, Castillo habría violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución de Perú.
Esto por su propuesta de consultar al país sobre dar acceso al mar a Bolivia, durante una entrevista con el medio estadounidense CNN en español.
El mandatario peruano acumula además seis investigaciones judiciales en las que se le imputan presuntos delitos de corrupción, organización criminal, encubrimiento personal contra la administración de justicia, tráfico de influencias y el supuesto plagio de su tesis de maestría.
La crisis política que arrastra Perú recrudeció a inicios de octubre con una serie de medidas judiciales que aumentaron las amenazas de destitución contra Castillo, y que se remontan al inicio de su gobierno, hace más de 15 meses.