La Fiscalía española pide procesar a Puigdemont por desórdenes públicos agravados
La Fiscalía española ha pedido procesar al expresidente catalán Carles Puigdemont por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, además de por los cargos de desobediencia y malversación, informaron este martes medios locales.
Concretamente, los fiscales de la causa han registrado un recurso contra el auto dictado la semana pasada por el juez instructor de la causa del proceso independentista catalán, Pablo Llarena, quien decidió aplicar un delito de desobediencia, que no suele conllevar pena de prisión, solo de inhabilitación.
En el documento, el Ministerio Público solicita que se realicen cambios en el procesamiento tanto del exdirigente independentista como de los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí —todos ellos huidos de la Justicia después de haber organizado un referéndum de autodeterminación en Cataluña en 2017—, ya que consideran que la exclusión del delito de desórdenes públicos agravados «no es ajustada a derecho» y «limita las órdenes de detención e ingreso en prisión de los procesados».
En este sentido, la Fiscalía insiste en que el auto del juez del Tribunal Supremo supone una despenalización de lo acontecido en el denominado ‘procés’, puesto que la desobediencia está penada con multa e inhabilitación de hasta tres años en el caso de las autoridades, mientras que el delito de desórdenes públicos agravados acarrea penas de entre tres y cinco años de prisión.
«Graves alteraciones del orden público»
«Resulta evidente que los hechos consistentes en graves alteraciones del orden público que la sentencia declara probados no se han despenalizado, de manera que, si desaparece el delito de sedición, su encaje normativo apropiado son los desórdenes públicos», subraya el documento, argumentando que «sedición y desórdenes públicos no son infracciones penales heterogéneas, sino delitos estrechamente vinculados».
Por último, la Fiscalía explica de que el objetivo del recurso es incluir el tipo penal de desórdenes públicos del artículo 557.1 y 2 del Código Penal en las órdenes de detención e ingreso en prisión de los «procesados rebeldes».
No obstante, excluye de esta calificación al exconsejero Lluís Puig, al que solo se imputan hechos constitutivos de desobediencia y malversación, y a la secretaria general del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, cuya imputación es exclusivamente por un delito de desobediencia.
Paralelamente, la Abogacía del Estado también ha recurrido la decisión de Llarena, pidiéndole que reforme su propio auto para que Puigdemont sea procesado por desórdenes públicos agravados y malversación de caudales públicos.