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El Ministerio Público de Perú abrió una investigación preliminar en contra del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén Ojeda, «por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo».
De acuerdo con la institución, la investigación, que fue iniciada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, también recae sobre el presidente del Seguro Social de Perú (EsSalud), Aurelio Orellana Vicuña, por el mismo supuesto delito.
También será investigada la funcionaria Grika Asayag O’Besso, asesora de la presidenta peruana, Dina Boluarte, «por el presunto delito de tráfico de influencias agravado».
Según lo expuesto por la Fiscalía, la investigación preliminar corresponde al «presunto interés indebido» en el pago de poco más de 41 millones de soles (alrededor de 10,8 millones de dólares) por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC.
La firma, dice el Ministerio Público, obtuvo en el 2020 «la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas»; sin embargo, fue en febrero de este 2023 que la gestión de Orellana en EsSalud recomendó, mediante diferentes funcionarios, el desembolso de los fondos.
Esta sería una nueva investigación en contra de Adrianzén, quien tomó posesión del cargo el 13 de enero pasado.
El 14 de febrero, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación preliminar contra este funcionario y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por el presunto delito de «colusión agravada».
La medida se inició luego de revelarse la contratación de Carola Rodríguez Bringas, excuñada del jefe del Gabinete, en el Ministerio de Trabajo, para desempeñar el cargo como asesora II del Despacho Ministerial con un sueldo de 15.500 soles (poco más de 4.000 dólares) mensuales.