¿Lasso se salva del juicio político? Una comisión parlamentaria podría truncar el avance del proceso
La instancia concluiría que el presidente «no hay incurrido en el presunto delito de peculado» del que se le acusa.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador sesionará el sábado para conocer y votar el informe sobre el juicio político al presidente del país, Guillermo Lasso, que luego será enviado al pleno del Parlamento.
La sesión está prevista a realizarse a partir de las 10:00 de la mañana [hora local], de manera virtual.
Este viernes, el presidente de esa comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio, adelantó que «la recomendación central» del informe es que no se llame a juicio político al mandatario.
«Una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador no hay incurrido en el presunto delito de peculado», dice parte del informe borrador que leyó el legislador, en una entrevista con Teleamazonas.
Por tanto, continuó leyendo, «esta Comisión resuelve no recomendar el enjuiciamiento político del presidente».
«No han presentado una sola prueba»
El proceso contra Lasso comenzó formalmente el pasado 16 de marzo, con la presentación de la solicitud del juicio político ante la Asamblea Nacional por parte de legisladores de varias bancadas.
Los parlamentarios señalaron a Lasso de los delitos de concusión y peculado, causales previstas en el artículo 129 de la Constitución de Ecuador.
La acusación del delito de concusión se relaciona con la supuesta corrupción en empresas públicas, un escándalo que se desató en enero e incluso salpica al cuñado del mandatario Danilo Carrera, que originó en el caso ‘El Gran Padrino’ o ‘Encuentro’.
El señalamiento de peculado, por otra parte, está vinculado a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Antes de que la Comisión de Fiscalización del Parlamento tratara el asunto, el proceso pasó por la Corte Constitucional (CC), que aprobó un dictamen de admisibilidad parcial, admitiendo la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no las incriminaciones sobre el cargo de concusión.
Basándose en lo determinado por la CC, la Comisión de Fiscalización trató solo el asunto relacionado con el supuesto caso de peculado.
En este se acusa a Lasso de presuntamente haber permitido un contrato que perjudicaba al Estado, a cargo de Flopec con Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que funciona en las Islas Marshall –considerado un paraíso fiscal–, y que es dueña de buques para transporte petrolero.
En las conclusiones establecidas en el informe borrador de la Comisión de Fiscalización se determina que el contrato entre la empresa Flopec y Amazonas Tanker Pool no se firmó en la gestión de Lasso, sino en la anterior, de Lenín Moreno, por lo que el presidente no habría incurrido en ningún delito.
Además, dijo Villavicencio en la entrevista, que «los acusadores han sido tan mediocres» que «hasta el día de hoy no han podido presentar una sola prueba» de la firma de un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, durante la administración de Lasso.
En la acusación, se señaló que en julio del año pasado se había firmado ese nuevo convenio con Amazonas Tanker Pool, sin embargo, Villavicencio indicó que «ese contrato no existe».