«No es que niegue ni afirme»: Boluarte elude responder sobre supuesto vínculo con Fiscalía peruana
Durante la supervisión a un centro de atención, ubicado en Lima, Boluarte reiteró a medios locales su «respeto a las instituciones y su autonomía», al tiempo que señaló que «el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto».
De acuerdo al testimonio de Villanueva, en octubre de 2022 el entonces abogado de la mandataria, Óscar Nieves, le pidió no formalizar la investigación por presunto lavado de activos en la campaña electoral del partido Perú Libre, porque «lo más probable» es que fuese investida.
«Lo que siempre desde el Gobierno decimos es que lo que se declare, se corrobore, se investigue y que discurra el proceso que tenga que caminar.
Nosotros no vamos a dar mayor opinión», señaló.
En la misma línea se expresó en la víspera su mano derecha, el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
«Toda afirmación tiene que ser corroborada», dijo a las afueras del Palacio de Gobierno en Lima.
«No es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos como siempre acudiendo cuando se nos llame», añadió la jefa de Estado.
Posteriormente fue consultada sobre una declaración, del 24 de enero pasado, en la que Villanueva aseveró que Boluarte recibía información privilegiada de las investigaciones que realizaba el despacho de Benavides, a través de Nieves.
«La investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía.
Entonces yo no podría afirmar o decir palabras de terceros», contestó Boluarte.
Sonriendo, admitió que tiene varios procesos en su contra, en los cuales siempre ha sido «muy ordenada con los abogados», para respetar los procedimientos.
«Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público, esa es la única relación entre el abogado y su patrocinado», dijo.
Entre las indagaciones contra Boluarte sobresale la denuncia constitucional presentada por Benavides ante el Congreso de la República, por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, debido a las decenas de muertes en las protestas que se registraron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.