Indígenas de Ecuador denuncian que Noboa viola derecho a consulta previa para afianzar la minería

Mediante un comunicado, que definieron como una «denuncia pública», las organizaciones, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), se pronunciaron sobre el manual que fue emitido el pasado 6 de marzo por el Ministerio de Energía y Minas para «operativizar» procesos de consulta previa para llevar a cabo proyectos de minería.

«Este manual, elaborado de manera unilateral por el Ejecutivo, viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, así como las sentencias de la Corte Constitucional, porque instrumentaliza nuestro derecho y nos vuelve a tratar como convidados de piedra ante la imposición de planes y programas que nos despojan de nuestros territorios», dicen los denunciantes.

Ese manual, según reseña Primicias, fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 002, suscrito por el ministro de Energía subrogante Ramiro Díaz, mientras que la titular de la cartera, Andrea Arrobo, se encontraba de visita oficial en Canadá.

En el documento se establece que la consulta se regirá por los principios de obligatoriedad, flexibilidad y buena fe.

No obstante, indica que los resultados «no serán vinculantes».

Entonces, si es que el Estado decide ejecutar un proyecto, incluso cuando no exista consentimiento de los consultados, deberá motivar expresamente las razones por las que no ha sido posible adecuarlo o modificarlo de acuerdo a las demandas de las comunidades, justificar por qué debe continuar pese a la oposición y tomar medidas que minimicen el posible impacto.

El Ministerio de Energía dispone que en estos casos las poblaciones deberán recibir medidas compensatorias.

Rechazo

La consulta previa, libre e informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras está establecida en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de Ecuador; sin embargo, no hay una norma que la regule.

La Corte Constitucional ordenó en 2019 a la Asamblea Nacional tramitar una ley al respecto, que aún no se ha concretado, por lo que el Ministerio de Energía dio a conocer este manual mientras se aprueba.

Las organizaciones denunciantes señalan que regular la consulta mediante un manual expedido por Acuerdo Ministerial «devela la intención de imponer una agenda extractiva y saltarse los controles democráticos y de participación».

Dicen que se viola «el carácter de previa», porque no se consulta la planeación ni el desarrollo del proyecto, sino solamente dos fases posteriores a la decisión de realizarlo: exploración y explotación.

Además, manifiestan su descontento con que en el manual se establezca que la identificación de las comunidades indígenas a ser consultadas dependen de la cartera de Agricultura.

Es decir, es potestad del Ministerio decidir a quién consultar o no, restringiendo gravemente la participación», indican.

Agregan que, adicionalmente, en el manual «se desconoce el derecho a la resistencia y a expresar el no consentimiento mediante la negativa a participar del procedimiento».

«La decisión de continuar o no el proyecto depende de la autoridad ministerial, convirtiendo a la consulta en una mera formalidad, porque no tiene una incidencia real en la decisión», se quejan.

Por todo lo expuesto, las organizaciones indígenas exigen a Noboa y al Ministerio de Energía «abstenerse de aplicar este manual y derogarlo de forma inmediata».

Ya el pasado 6 de marzo, la Conaie expresó su rechazo a la participación de Noboa en la mayor feria de la minería del mundo, la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), que se desarrolló en Toronto, Canadá, recientemente, donde promocionó a Ecuador.

De acuerdo con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el mandatario, al convertir la minería como política de Estado, «ha declarado su posición de hostilidad contra los pueblos indígenas de Ecuador».