La respuesta de Venezuela a tres países que critican a su sistema judicial
La Cancillería venezolana fustigó las interacciones y comunicados de los gobiernos de EE.UU., Argentina y Uruguay, que catalogaron de «arbitrarias» las detenciones ordenadas en Venezuela contra dirigentes presuntamente involucrados en un entramado con fines golpistas.
Los detenidos son Dignora Hernández y Henry Alviarez, ambos pertenecientes al partido Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, una política opositora que pretende presentarse a las elecciones presidenciales pese a estar inhabilitada.
El fiscal general, Tarek William Saab, reveló en una rueda de prensa, el pasado miércoles, que Hernández y Alviarez participaron en un plan que buscaba replicar focos de violencia en el país para crear un escenario de represión policial y llamar la atención internacional sobre la supuesta violación de los derechos humanos en Venezuela.
Estas acciones, que incluían tomas de bases militares, buscaban apuntalar la habilitación de Machado.
«Evite enlodarse más»
En una de las interacción, el canciller Yván Gil, tildo de «cómplice y defensor de los extremistas violentos de la ultraderecha venezolana» al subsecretario de Estado de los EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
Gil recalcó que los planes conspirativos han sido desmantelados y «los responsables han confesado sus vínculos y serán juzgados». «¡Evite enlodarse más!», instó a Nichols.
En su publicación en X, Nichols dijo que las supuestas «detenciones arbitrarias» son «totalmente incompatibles con los compromisos del Acuerdo de Barbados».
En enero pasado, el jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Jorge Rodríguez, instó al funcionario estadounidense a informar si tenía conocimiento de varios planes conspirativos que se desarrollaban mientras dialogaban con la oposición. Según la información que manejaba la inteligencia venezolana, en esas acciones tendrían participación la CIA y la DEA.
Argentina y Uruguay
En alusión a las críticas vertidas desde Argentina, el titular de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que no le sorprendía que «la cancillería de un Gobierno de corte nazi» buscara ser «defensor y cómplice de fascistas».
«Preocúpense de su país, dejen de buscar excusas y desviar la atención de los argentinos ante el desastre al cual los llevan», completó Gil.
En la víspera, el Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado en el que calificó las mencionadas detenciones de «acciones contrarias al espíritu democrático».
En la misma línea, el viceministro para América Latina de la cancillería venezolana, Rander Peña, criticó severamente un documento emitido por Uruguay, y lo tildó de «cortina de humo» para evitar hablar de «la profunda crisis de corrupción» en el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
El texto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay coincide con el difundido por Buenos Aires y Washington, y agrega que supuestamente «desde las estructuras del Estado [venezolano], se avasallan los derechos humanos de los opositores».