Revelan que fiscal cercana a EE.UU. está detrás de persecución a la izquierda en Ecuador
Varias investigaciones periodísticas han revelado recientemente que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, está detrás de la persecución a la izquierda, y específicamente a la Revolución Ciudadana —movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa—, para evitar su vuelta al poder en el país suramericano.
Las investigaciones fueron publicadas el jueves por el portal de noticias independiente The Greyzone y los medios internacionales Intercept Brasil y Drop Site.
Entre otras cosas, estos medios hacen mención a las actuaciones de la fiscal y las autoridades de EE.UU. tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en plena campaña electoral.
En las investigaciones se dan a conocer presuntos chats entre Salazar y el exasambleísta ecuatoriano Ronny Aleaga, que revelan que hubo una estrategia, con la intervención de EE.UU., para perjudicar a la Revolución Ciudadana y que esta no ganara las elecciones anticipadas tras el homicidio de Villavicencio.
Una vez ocurrido el crimen, EE.UU. se involucró, el Departamento de Estado anunció una recompensa multimillonaria por información que condujera a quienes planearon el asesinato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) envió a un equipo de agentes para investigar.
Según los chats revelados, Salazar admitió que Washington habría hecho eso porque Villavicencio era informante del gobierno estadounidense.
Además, según reveló Aleaga a The Greyzone y también se confirmaría en los chats, Salazar y EE.UU. supieron que el grupo criminal Los Lobos estaba detrás del asesinato de Villavicencio, pero demoraron en publicar esa información para que se extendiera la narrativa mediática de que la Revolución Ciudadana de Correa estaba detrás del crimen; de esa forma habrían tenido un papel decisivo en las elecciones, donde finalmente perdió Luisa González, la candidata izquierdista.
«Salazar admitió que el gobierno estadounidense no quería que el partido Movimiento Revolución Ciudadana (RC) de Correa, ganara en las elecciones de 2023», señala Drop Site, basándose en los chats filtrados.
«Hoy se sabe que todo fue mentira, fue una jugarreta de la fiscal Diana Salazar con el embajador de EE.UU. para alterar el resultado de las elecciones, como efectivamente pasó», dijo Correa, en entrevista con RT.
«Desde su nombramiento en abril de 2019, Salazar se ha convertido en una de las aliadas más fuertes de Washington en Ecuador, con funcionarios estadounidenses defendiéndola como una guerrera contra la corrupción», dice Drop Site en su texto, en el que recuerdan que en 2021 esta funcionaria fue premiada por el Departamento de Estado estadunidense.
Juicio contra Correa versus otros
En su publicación, The Greyzone hace mención a varios de los casos más emblemáticos que ha llevado Salazar como fiscal, apretando el acelerador en algunos y poniendo el freno en otros.
Por ejemplo, recuerdan el rápido proceso que se encaminó contra Correa en el denominado ‘Caso Sobornos 2012-2016’, por el que tanto el exmandatario como el exvicepresiente Jorge Glas, fueron sentenciados a ocho años de cárcel, siendo acusados de haber actuado «a través de influjo psíquico» para instigar o incitar a funcionarios (otros implicados) a cometer el delito de cohecho.
El juicio en esta causa comenzó en febrero de 2020.
El 7 de abril se dictó la sentencia condenatoria en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La defensa apeló el veredicto y el 20 de julio el Tribunal de Apelación de la CNJ lo ratificó. Luego vino el proceso de casación, que suele demorar, pero en ese caso se resolvió en septiembre, cuando se confirmó la condena.
Asimismo, en 2021, Salazar actuó con celeridad ante publicaciones sobre un presunto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la candidatura del aspirante a la presidencia por la Revolución Ciudadana Andrés Arauz; aunque las acusaciones se desvanecieron una vez que el izquierdista perdió los comicios.
Mientras, uno de los casos que no ha avanzado en la Fiscalía es el conocido como ‘Ina Papers’, que involucra al expresidente Lenín Moreno (2017-2021), sus familiares y su círculo económico más cercano.
Este se conoció en febrero de 2019 y fue bautizado con ese nombre debido a que la empresa ‘offshore’ involucrada, ligada al mandatario, se llama INA Investment Corporation, con la cual se adquirieron varios bienes; la trama ha sido denunciada en Ecuador, Panamá, España y Suiza, lugares donde se hicieron transacciones a través de la compañía.
Tampoco ha habido avance en el caso conocido como ‘Sinohydro’, que también involucra a Moreno en una presunta trama de corrupción, en la que él y otra treintena de imputados se habrían beneficiado con casi 76 millones de dólares en coimas.
Asimismo, ha habido demoras en procesos contra el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).
La Fiscalía, a cargo de Salazar, decidió unificar dos casos, los denominados ‘Encuentro’ y ‘León de Troya’, en los que aparece Danilo Carrea —cuñado del exmandatario—, y se degradó una investigación por delitos de narcotráfico a delincuencia organizada.