El pasado 7 de enero asistí a la conmemoración del Día del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia. Durante el evento, el presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, detalló los logros alcanzados en el último año, y los planes para el que transcurre. Es claro que el Poder Judicial tiene un plan, y lo está implementando, poniendo empeño en mejorar el acceso a la justicia.

Algunas de estas mejoras se han hecho evidentes para quienes acuden al sistema de justicia. Son notorios los programas de modernización y eficientización.

Sin embargo, también son evidentes las limitaciones que encuentran estas labores. A pesar de todo el esfuerzo, se nota siempre que los recursos con los que trabaja el Poder Judicial están tensados al máximo.

Por ejemplo, he sido testigo de cómo la digitalización de las secretarías convive con malas condiciones de trabajo para sus empleados o con igualmente precarias condiciones para abogados y representados en los palacios de justicia.

La falta de salones de audiencia es permanente. El Tribunal Superior Administrativo sigue operando en salones que no le son propios, y muchas veces las audiencias penales se tienen que celebrar en espacios absolutamente inadecuados. Los ejemplos de estas situaciones sobran.

Lo anterior es consecuencia de los límites naturales de la gerencia eficiente, que puede disminuir el impacto de la insuficiencia de recursos, pero nunca hacerlo desaparecer.

La conclusión, por mucho que se repita, no deja de ser la misma: es necesario aumentar la inversión de recursos en el Poder Judicial de manera particular, y en el sistema de justicia en forma general.

En caso contrario, todos los esfuerzos de mejora están condenados al fracaso a mediano o largo plazo.

Se perderá el saber hacer de los funcionarios experimentados a todos los niveles y, además, se hará cada vez más difícil atraer a nuevos talentos.

Por otro lado, las infraestructuras se deteriorarán sin poder ser reparadas adecuadamente, mucho menos podrán ser remodeladas como lo requieran las circunstancias. Sufrirá la formación de los funcionarios judiciales y, con ello, la capacidad de la judicatura de reaccionar ante las evoluciones normativas.

Al igual que muchos otros lo he dicho antes, pero siempre toca repetirlo. Necesitamos invertir en la justicia porque esta es parte importante de lo que hace posible la salud de nuestro tejido social y económico.