Santo Domingo. El coordinador del Movimiento por las Pensiones a los Empleados Públicos(MOPESEP), Luis Holguín‑Vera, advirtió que el Seguro Nacional de Salud (SENASA) enfrenta una crisis estructural derivada del crecimiento acelerado del régimen subsidiado y de una desactualización crítica del financiamiento estatal.
Holguín‑Vera afirmó que, el sistema de seguridad social dominicano fue desnaturalizado en su propósito original y está atrapado en una contradicción entre derechos ciudadanos y fines lucrativos.
“El Senasa es uno de los actores que más debemos defender porque como ARS pública juega un papel vital en el sistema dominicano de seguridad social, sobre todo en salud”, expresó.
No obstante, explicó que la expansión abrupta del régimen subsidiado, especialmente durante la pandemia de COVID‑19, provocó un desbalance grave en la capacidad financiera de la entidad.
“Solamente a partir del 2020 se incorporaron 2.4 millones de personas. Eso implicó un crecimiento muy rápido y no se ajustó el per cápita que se paga por cada afiliado del régimen subsidiado”, detalló el coordinador del Mopesep.
De acuerdo con Holguín‑Vera, Senasa tiene actualmente más de siete millones de afiliados, de los cuales cerca de seis millones pertenecen al régimen subsidiado. Lo que considera como un esquema insostenible si el Estado no cumple con su responsabilidad de aportar los recursos suficientes,
Al explicar el funcionamiento del sistema, hizo una distinción entre tres elementos clave: cotización, per cápita y copago. “Hay que diferenciar la cotización, que es lo que uno aporta junto con el empleador; el per cápita, que es lo que se paga a las ARS por cada afiliado; y el copago, que es un pago adicional que hace el paciente cuando recibe el servicio”, aclaró.
Sobre este último, fue categórico al señalar que “el copago es una figura que no estaba contemplada en la ley. Entró por necesidad, pero representa un costo demasiado alto que recae sobre el afiliado”.
Holguín‑Vera también cuestionó la lógica de permitir que empresas privadas, motivadas por el lucro, administren riesgos de salud dentro del sistema.
“Es una inserción parasitaria. Buscan maximizar utilidades y eso no se corresponde con lo que debe ser el diseño de la seguridad social, que es garantizar derechos.Conozco muchos casos de personas desvinculadas del sector público que no saben que han sido integradas al régimen subsidiado. Esa gente no accede a servicios porque ni siquiera saben que tienen derecho a ellos”, sostuvo.
Por otro lado,Holguín‑Vera analizó el impacto del estancamiento del salario mínimo del sector público en el régimen de pensiones.
Indicó que desde 2019 el sueldo base para empleados estatales se mantiene en RD$10,000, lo cual afecta directamente la pensión solidaria y el límite máximo de pensión.
“La ley dice que la pensión máxima debe ser equivalente a ocho salarios mínimos. Pero la Dirección de Jubilaciones y Pensiones sigue calculando ese tope en base al salario mínimo del sector público, no al salario mínimo nacional, lo cual reduce injustamente el monto de las pensiones”, explicó.