Santo Domingo Este. La tensión se respira en el sector Las Lilas, donde el anuncio del ambicioso plan del Gobierno para recuperar la ribera del río Ozama ha sido recibido no con entusiasmo, sino con profundo malestar. Los residentes del área califican como una burla la compensación ofrecida por sus viviendas, muchas de las cuales serán demolidas para dar paso a un atracadero de barcos y un parque ecológico.
La comunidad, que se siente ignorada y vulnerada, se encuentra en pie de lucha. Afirman que la propuesta económica no se corresponde con el valor real de sus propiedades, ni mucho menos con el sacrificio emocional de abandonar el lugar donde han echado raíces por décadas. El enojo ha encendido las calles de este humilde pero unido sector de Santo Domingo Este.
“La cantidad que nos ofrecen no da ni para alquilar un lugar digno, mucho menos para comprar algo nuevo”, expresó Justina Cruz, una de las residentes afectadas, con evidente frustración.
De acuerdo con varios testimonios recogidos por este medio, a los propietarios se les estaría ofreciendo una suma fija de RD$300,000.00, independientemente del estado o valor real de la vivienda, mientras que, sorpresivamente, a los inquilinos se les está proponiendo una cifra que supera los RD$500,000.00.
Los habitantes de Las Lilas insisten en que el desarrollo no puede construirse sobre la base de la desigualdad ni a costa de quienes no tienen voz en las grandes decisiones.
“Queremos un precio justo, no limosnas. Aquí hemos vivido toda una vida, hemos invertido, hemos criado a nuestros hijos”, expresó Juana Pichardo, con tono de indignación.
Andrés Ruiz, presidente de la Junta de Vecinos, sostuvo que, si el Estado tiene recursos para levantar un atracadero y un parque ecológico, también debe contar con el presupuesto suficiente para compensar de forma justa a quienes serán desalojados.
“No nos oponemos al progreso, pero tampoco vamos a permitir que nos borren del mapa sin siquiera mirarnos a la cara”, declaró Ruiz.
El plan de saneamiento del Ozama, respaldado por los decretos presidenciales 622-20 y 531-25, contempla la reubicación de cientos de familias que habitan zonas consideradas de alto riesgo. Sin embargo, el descontento crece ante lo que muchos consideran una imposición gubernamental disfrazada de bienestar social.
Pablo de Óleo y Ramón Acosta, también residentes del sector, advirtieron que, si las autoridades no abren un canal real de diálogo con la comunidad y revisan las ofertas hechas, la resistencia ciudadana podría intensificarse.
Los residentes expresaron que no están pidiendo favores, sino que sea un plan de beneficio equitativo y justo para todas las partes.