La buena gobernanza, forma correcta y eficaz de mandar para buscar resultados positivos en la administración pública o empresa privada, es imposible sin órganos de control.

Grandes corporaciones que cotizan exitosamente en bolsas dependen de la calidad de sus consejos de administración, con directores independientes cuya misión es velar por el interés de accionistas, cumplimiento cabal de leyes, buenas prácticas gerenciales y supervisar el desempeño de sus ejecutivos, dentro de parámetros decididos por su consejo, asamblea de accionistas o consejo de familia.

No están para satisfacer a ejecutivos sino macanearlos, como la opinión pública o votantes con los presidentes. Sólo con transparencia pueden los mercados asignar valor a empresas acorde a expectativas de resultados.

Sabido esto, en los consejos directivos de Senasa, Intrant, las EDE, el CEA y Bienes Nacionales, Educación, Promese/CAL, Inabie, Ogtic y otras, ¿qué diablos hacían o hacen que excuse o justifique su supina incapacidad para prevenir escandalosos actos de denunciada corrupción y notoria incapacidad? Aparte de castigar el dolo y demás delitos, el purgante social necesario hoy es exigir su responsabilidad a auditores, contralores, contadores, supervisores y miembros de los consejos, bajo cuyas narices han ocurrido tantos desmadres.

Es muy fácil culpar sólo al presidente cuando —como en Fuenteovejuna— esto ha sido casi todos a una. Pero toca a él, único jefe con autoridad ejecutiva suficiente (y que designó a casi todos), revisar lo mal hecho para, en aras de su decencia, honradez y legado político, tomar partido con los votantes que lo encumbraron, no los pillos que dizque lo traicionaron.

Si los protege o defiende, todo se le pegará a él; que suelte lastre o se hundirá con ellos. Luis tiene tanta suerte que si aprende de la historia puede sobrevivir a este tsunami de inmoralidad e ilicitudes. Muchos nos aferramos a esa brizna de esperanza para poder seguir creyendo…