Hace más de un mes el Centro Juan XXIII ofreció una excelente idea para higienizar las finanzas de los partidos.

Este grupo de laicos católicos preocupados por la situación económica, ética y moral del país en el año 2003 y que persigue desde entonces transformar nuestra conciencia política, propuso que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) aplique su facultad dada por el artículo 33 de su Ley 155-17, para que los partidos sean declarados sujetos obligados.

Así sus finanzas estarían forzosamente tan organizadas y transparentes como todas las personas físicas o jurídicas fiscalizadas para prevenir y detectar el lavado o el financiamiento del terrorismo, como bancos, abogados, loterías y demás entidades que manejan fondos ajenos.

Es una excelente idea para combatir el uso de “dinero sucio en la política y garantizar transparencia e integridad del sistema democrático”. La JCE dio a los partidos en las elecciones de 2020 RD$4,013 millones (135 % más que en 2004) y RD$5,041 en 2024.

Además, provee anualmente fondos para financiarlos, que este 2025 fueron RD$1,500 millones, 80 % para el PRM, el PLD y la FUPU; el restante 20 % para otras 24 agrupaciones relativamente insignificantes.

El subsidio partidista costó en 2025 un 20 % más que en 2024. Con tantos cuartos públicos, vale preguntarse por qué los partidos no rinden cuentas claras ni explican la procedencia de otros fondos, de origen inequívocamente ilícito.

El Ministerio de Hacienda se ufana de que gracias al CONCLAFIT el país mejoró 33 posiciones desde 2020, del puesto 137 al 104 entre 180 países evaluados, en un índice de corrupción por Transparencia Internacional.

Si el Gobierno pone asunto a esta propuesta del Juan XXIII, que no requiere aprobación del Congreso y puede disponerse de inmediato, pasaríamos a un lugar muchísimo mejor. Millones de votantes aplaudirían. Y muchos dormirían más tranquilamente.