LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA: Claves, beneficiarios y exclusiones del nuevo marco legal
Este 21 de febrero de 2026, se han dado a conocer los detalles operativos de la Ley de Amnistía propuesta en Venezuela, un instrumento que busca, según el discurso oficial, avanzar en la reconciliación nacional, pero que genera intensos debates sobre su alcance y la verdadera voluntad de justicia.
Los puntos fundamentales sobre su aplicación son:
¿Quiénes pueden acogerse?:
La ley está dirigida principalmente a personas investigadas, procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos ocurridos en el contexto de manifestaciones y crisis institucionales de los últimos años.
Incluye a civiles y militares que hayan participado en actos de rebelión, sedición o conspiración que no hayan causado lesiones graves o muertes.
Busca beneficiar a figuras que se encuentran actualmente en el exilio, permitiendo su retorno bajo condiciones específicas de «paz ciudadana».
¿Quiénes quedan excluidos? (Líneas Rojas):
Crímenes de Lesa Humanidad: La ley es explícita al señalar que no podrán acogerse aquellos señalados por violaciones graves a los derechos humanos, torturas o crímenes de guerra.
Delitos de Sangre: Quedan fuera quienes hayan sido autores materiales o intelectuales de homicidios durante las protestas.
Corrupción Administrativa: No se aplica a funcionarios investigados por malversación de fondos públicos o narcotráfico, desvinculando así los delitos comunes de los políticos.
¿Cómo se aplicará el proceso?:
Solicitud Individual: Los interesados deberán presentar una solicitud ante una Comisión Especial de Justicia y Paz que será creada para evaluar cada caso.
Verificación de Hechos: El Ministerio Público y el Poder Judicial actuarán como entes verificadores para asegurar que el solicitante no incurra en las causales de exclusión.
Extinción de la Acción Penal: Una vez aprobada, se decretará el sobreseimiento de la causa, la libertad inmediata (en caso de reclusión) y la restitución de derechos políticos (incluyendo el levantamiento de inhabilitaciones en casos específicos).
Controversia Política: Mientras el gobierno la presenta como un «borrón y cuenta nueva», sectores de la oposición (como Antonio Ledezma) y diversas ONG advierten que podría ser una «amnistía selectiva» que no garantiza la libertad de todos los presos políticos y que podría dejar impunes a responsables de abusos estatales.
Este marco legal será determinante para el clima político de cara a los próximos meses, marcando la pauta de las negociaciones entre el oficialismo y la Plataforma Unitaria en 2026.