FILIPINAS: La defensa de Duterte califica su guerra contra las drogas como un acto de «defensa propia»
En un giro jurídico que ha generado fuertes reacciones internacionales, los abogados del expresidente filipino Rodrigo Duterte presentaron este 24 de febrero de 2026 una nueva línea de defensa ante las acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Argumentan que la sangrienta campaña antidrogas, que resultó en miles de muertes, fue necesaria para la «defensa propia» del Estado.
Los puntos más relevantes de esta estrategia legal son:
Argumento de «Defensa del Estado»: El equipo legal sostiene que el tráfico de drogas representaba una amenaza existencial para las instituciones de Filipinas, por lo que las acciones de las fuerzas de seguridad deben interpretarse como una respuesta proporcional para evitar el colapso de la nación.
Justificación de la Fuerza: Los abogados afirman que las ejecuciones extrajudiciales reportadas fueron, en realidad, enfrentamientos donde los sospechosos se resistieron al arresto, obligando a los agentes a actuar para proteger sus propias vidas.
Desafío a la Corte Penal Internacional (CPI): Esta postura busca blindar al expresidente ante las investigaciones de la CPI, alegando que el tribunal internacional no tiene jurisdicción para juzgar actos que el equipo de Duterte define como medidas de seguridad interna soberanas.
Cifras en Disputa: Mientras que el gobierno de Duterte reconoció oficialmente poco más de 6,000 muertes durante los operativos, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales estiman que la cifra real podría superar los 30,000 fallecidos, incluyendo víctimas inocentes y ejecuciones sumarias.
Impacto Político: Esta defensa surge en un momento de tensión en Filipinas, donde la actual administración busca equilibrar la relación con el clan Duterte mientras la comunidad internacional presiona por una rendición de cuentas clara sobre los abusos cometidos entre 2016 y 2022.