¿Legal o ilegal? El poder del Congreso para detener la guerra de Trump en Oriente Medio
La agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán no solo ha desencadenado una escalada militar en Oriente Medio, sino también una tormenta política en Washington: numerosos congresistas, sobre todo demócratas, pero también algunos republicanos, denuncian que el presidente Donald Trump ha iniciado de facto una guerra sin la autorización del Congreso, reabriendo el viejo debate sobre quién decide realmente si el país se mete en un conflicto.
Según la Constitución, solo el Congreso goza del derecho a declarar la guerra, pero tanto presidentes demócratas como republicanos han ordenado el uso de la fuerza militar durante más de 75 años.
Expertos legales se muestran escépticos a la hora de analizar la autoridad constitucional de Trump para lanzar una nueva agresión militar sin la aprobación del Congreso.
Este sábado, Trump anunció el inicio de «importantes operaciones de combate» en Irán, bajo el argumento de «defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes».
En particular, subrayó que los objetivos de estas «operaciones» van desde destruir la industria militar y de misiles de Irán hasta contribuir a «derrocar» el Gobierno actual.
Tras el inicio de la agresión, distintas voces del Partido Demócrata han pedido a los miembros del Congreso que se reúnan inmediatamente en Washington para votar sobre si detener nuevas acciones militares en Irán.
Se espera que la Cámara de Representantes y el Senado celebren dichas votaciones en los próximos días, después de que la decisión del mandatario de lanzar el ataque a Irán haya inyectado nueva urgencia a esos planes.
«Uno de los esfuerzos más peligrosos»
Los demócratas, junto con el senador republicano Rand Paul y el representante republicano Thomas Massie, han forzado la votación de un número récord de resoluciones sobre poderes de guerra, a pesar de la oposición de la mayoría de los republicanos, lo que ha sido presentado como el intento de reclamar para el Congreso su poder constitucional para declarar la guerra.
Alegan que la Casa Blanca no ha presentado una justificación legal a la población de sus ataques, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco dio un informe completo a los miembros del Congreso sobre las acciones en Oriente Medio.
«El Gobierno no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense detalles cruciales sobre el alcance ni la inmediatez de la amenaza», expresó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que insiste en que la Administración Trump debe informar al Congreso, incluso mediante una sesión informativa clasificada inmediata para todos los senadores y un testimonio público.
«Este es uno de los esfuerzos más peligrosos que Trump está realizando en su segundo mandato: intentar normalizar la guerra sin el Congreso, intentar normalizar la idea de que un presidente puede hacer lo que quiera en materia de política exterior», denunció el senador demócrata Andy Kim.
Por su parte, la exvicepresidenta del país y excandidata demócrata Kamala Harris expresó que Trump arrastra al país a «una guerra que el pueblo no quiere».
El Congreso debe actuar de inmediato.
El pueblo estadounidense no quiere que nuestros hijos e hijas vayan a esta guerra opcional no autorizada y yo me opongo inequívocamente a ello», aseveró la política.
Las herramientas formales del Congreso incluyen resoluciones de poderes de guerra para forzar votaciones que pueden ordenar la retirada de tropas en ausencia de una autorización específica.
No obstante, varios medios subrayan que iniciativas similares en el pasado rara vez han llegado a convertirse en ley frente a la oposición del Ejecutivo.
¿Qué poderes tiene el Congreso?
La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso la facultad de «declarar la guerra» (el Artículo I reza: «El Congreso tendrá facultades para declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalia y establecer reglas en materia de capturas en mar y tierra»), mientras que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (el Artículo II reza: «El presidente será comandante en jefe del Ejército y de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y también de la Milicia de los distintos estados cuando esta sea llamada al servicio activo de la nación»).
Sin embargo, el Congreso ha interpretado ese lenguaje para permitir a los presidentes desplegar tropas en «circunstancias hostiles» sin una declaración de guerra, si el Congreso lo ha autorizado específicamente a usar la fuerza o existe una emergencia nacional creada por un ataque a Estados Unidos o sus territorios.
De ese modo, el país norteamericano no ha declarado oficialmente la guerra desde la Segunda Guerra Mundial.
Christopher Anders, abogado y experto en asuntos de seguridad nacional, opina en declaraciones a la CNN que, con sus acciones, Trump «violó la Constitución», puesto que la norma suprema es «meridianamente clara sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra y comprometer a militares estadounidenses en la batalla, y ese es solo el Congreso».
«El presidente intentó apropiarse de ese poder sin obtener antes autorización del Congreso», subrayó.
En la misma línea, analistas recuerdan que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 obliga al Ejecutivo a consultar al Congreso antes de involucrar a fuerzas estadounidenses en hostilidades, y a obtener autorización si las operaciones se prolongan más allá de un plazo determinado. Además, esta legislación permite que un solo miembro del Congreso fuerce una votación sobre la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de despliegues no autorizados en situaciones hostiles. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó en 1983 que los presidentes podían vetar tales resoluciones, algo que el Congreso solo puede anular con una mayoría de dos tercios en cada cámara. Ninguna resolución de poderes de guerra ha superado jamás un veto.
Desde entonces, los presidentes han obtenido autorización del Congreso para varias guerras terrestres (la guerra del golfo Pérsico, las guerras en Afganistán e Irak) y han ampliado la ley de guerra de Afganistán, que tenía como objetivo a los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre, para convertirla en una autorización permanente del Congreso para atacar a milicianos afiliados a Al Qaeda* en otros lugares.