¿EXENTOS DEL FRENTE? La razón por la que Donald Jr. y Eric Trump no irían al servicio militar obligatorio
¡Polémica en el entorno de la Casa Blanca! Este 3 de marzo de 2026, mientras el debate sobre la reinstauración del servicio militar obligatorio o un posible reclutamiento cobra fuerza en los pasillos de Washington debido a la escalada de conflictos internacionales, ha surgido una pregunta recurrente: ¿Qué pasaría con los hijos del presidente? Un análisis reciente aclara la situación legal de Donald Trump Jr. y Eric Trump frente a una eventual movilización.
La barrera de la edad: La razón principal y más contundente es estrictamente legal y biológica. El sistema de Servicio Selectivo de los Estados Unidos (Selective Service System) establece que el registro y la posible conscripción se limitan a hombres de entre 18 y 25 años. Donald Jr. (48 años) y Eric (42 años) superan por mucho el límite de edad establecido por la ley federal actual.
Precedente histórico: El debate trae a la memoria las críticas que recibió el propio Donald Trump en el pasado por sus prórrogas médicas (debido a espolones óseos) durante la Guerra de Vietnam. Sin embargo, en el caso de sus hijos mayores, no se trata de una exención médica, sino de una cuestión de elegibilidad por edad.
Barron Trump en el foco: A diferencia de sus hermanos mayores, Barron Trump, al haber cumplido recientemente los 18 años, sí entra técnicamente en el rango de edad del Servicio Selectivo. Esto ha generado un escrutinio mucho mayor sobre su figura en caso de que las tensiones globales obligaran al país a activar un sorteo de reclutamiento por primera vez desde 1973.
Posición de la Casa Blanca: Fuentes cercanas a la administración han desestimado los rumores de un reclutamiento inminente, calificándolos de «tácticas de miedo» de la oposición. No obstante, la retórica agresiva del presidente en política exterior mantiene el tema vivo en la opinión pública.
Impacto político: Para los críticos de la familia Trump, el hecho de que los hijos mayores no sean elegibles para el combate mientras el gobierno mantiene una postura militarista es visto como una contradicción, aunque legalmente no haya argumentos para obligarlos a enlistarse.