Autor: Fulgencio Severino.

Defender a San Juan de la Maguana frente a la amenaza de la explotación minera en la Loma de Los Romeros no es una causa local: es una causa nacional.

Se trata de proteger el agua, la producción agropecuaria, la salud de la población y, en última instancia, el derecho del país a decidir su propio modelo de desarrollo.

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Rechazar la exploración y eventual explotación minera en esta zona no es una opción, es una responsabilidad ciudadana.

Quienes promueven este proyecto no solo comprometen el equilibrio ambiental de San Juan, sino que colocan en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria de toda la región Sur. Sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay desarrollo, y sin desarrollo sostenible no hay nación.

La experiencia nacional e internacional ha demostrado que el modelo extractivista genera beneficios concentrados en pocas manos, mientras deja a su paso pobreza, contaminación y dependencia económica.

La historia reciente de otras zonas mineras del país confirma que las promesas de desarrollo suelen traducirse en desplazamiento de comunidades, degradación ambiental y economías locales debilitadas.

Este no es un problema aislado. Es el resultado de un modelo económico impulsado durante años por distintos sectores políticos que han priorizado la explotación de recursos naturales sobre el bienestar de la población.

Por eso, oponerse a la minería en Los Romeros exige también coherencia política: no basta rechazar un proyecto si se continúa respaldando a quienes lo hacen posible.

San Juan fue históricamente una de las principales regiones productoras de alimentos del país. Sin embargo, el abandono del campo, la falta de financiamiento, los retrasos en pagos a productores y las importaciones descontroladas han debilitado su base productiva.

Hoy, la minería se presenta como una falsa solución, cuando en realidad profundiza el mismo modelo que ha provocado el deterioro de la región.

Permitir la explotación minera en Los Romeros significaría agravar esta crisis: menos agua disponible, mayor contaminación, pérdida de tierras agrícolas y aumento de la pobreza. Las consecuencias no serán temporales, serán irreversibles.

Por eso, esta lucha no es solo ambiental o social: es profundamente política. Implica cuestionar quién toma las decisiones, a quién benefician y qué futuro se está construyendo.

Defender San Juan es defender el derecho del pueblo dominicano a un modelo de desarrollo basado en la vida, la producción nacional y la justicia social.

El país enfrenta una disyuntiva clara: continuar por el camino de la explotación y la dependencia, o apostar por un desarrollo sostenible que garantice bienestar para las presentes y futuras generaciones.

San Juan no se vende. San Juan se defiende.