Los recientes anuncios realizados por la Cancillería dominicana sobre dos acuerdos suscritos con Estados Unidos han provocado inquietudes legítimas y un intenso debate nacional.

Por un lado, República Dominicana aceptará “de manera temporal” a migrantes indocumentados expulsados por las autoridades estadounidenses; por el otro, se prorrogó por un año el acuerdo que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizar aeropuertos civiles y militares dominicanos.

El canciller Roberto Álvarez ha insistido en que ambos acuerdos tienen plazos específicos, que los extranjeros repatriados no ingresarán al sistema migratorio nacional y que el país conservará la potestad de decidir a quién recibe y a quién no.

También sostiene que, tras un tiempo determinado, esas personas serían trasladadas a otros destinos en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Según el funcionario, se trata de decisiones soberanas adoptadas conforme al interés nacional y al marco de cooperación bilateral con Washington.
Los argumentos oficiales tienen sustento. Nadie puede negar la histórica relación entre República Dominicana y Estados Unidos, ni la profunda dependencia económica, comercial y política que une a ambos países.

Tampoco se puede ignorar la enorme comunidad dominicana radicada en territorio estadounidense, ni el respaldo que Washington ha brindado en escenarios regionales complejos, particularmente frente a la crisis haitiana. Son realidades concretas, imposibles de desconocer.

Sin embargo, precisamente porque son realidades tan evidentes, estos acuerdos deben analizarse con frialdad y sin romanticismos diplomáticos. Lo ocurrido confirma que República Dominicana ha entrado definitivamente en la órbita política de la administración de Donald Trump, dejando cada vez menos espacio para decisiones plenamente autónomas cuando los intereses estratégicos de Washington entran en juego.

Pocos imaginaban a República Dominicana desempeñando un papel de plataforma auxiliar de la agresiva política migratoria impulsada desde Estados Unidos. Incluso, el propio presidente Luis Abinader había descartado públicamente que el país pudiera involucrarse en esquemas de esa naturaleza. Pero la realidad terminó imponiéndose.

No parece casualidad que estos acuerdos fueran concretados durante la visita al país del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Tampoco ayuda a disipar dudas el hecho de que partes del convenio hayan sido manejadas con carácter reservado o clasificado dentro de la Cancillería dominicana. Cuando asuntos de alto interés público se negocian bajo discreción excesiva, inevitablemente surge la sospecha de falta de transparencia. Y hay preguntas que siguen sin respuesta clara.

¿Por qué Estados Unidos no deporta directamente a esos migrantes a sus países de origen? Si República Dominicana recibe temporalmente a esas personas y luego las naciones correspondientes se niegan a aceptarlas, ¿qué ocurrirá entonces? ¿En qué limbo jurídico y humanitario quedarían?

También se ha informado que algunos de esos extranjeros serían alojados en hoteles bajo supervisión de las autoridades dominicanas. Eso implica costos económicos, logísticos y de seguridad. ¿Quién asumirá esos gastos? ¿Cuál será el impacto para el Estado dominicano? ¿Qué protocolos existen para manejar eventuales incidentes o situaciones de permanencia prolongada?

Son interrogantes razonables. Y más aún cuando uno de los aspectos más cuestionados de la política migratoria de Trump ha sido precisamente la práctica de enviar migrantes a terceros países sin explicaciones suficientemente transparentes sobre las razones de fondo.

Ahora bien, sería ingenuo analizar este panorama ignorando la correlación de fuerzas real. República Dominicana no está colaborando con Estados Unidos únicamente por cortesía diplomática ni por una simple solicitud amistosa.
Lo hace porque depende profundamente de la relación con Washington y porque, en el contexto actual, resistirse a determinadas decisiones provenientes de la Casa Blanca puede tener consecuencias económicas, migratorias y políticas considerables.