El reconocimiento público hecho esta semana por la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sobre las fallas del sistema para proteger a mujeres acosadas, perseguidas o amenazadas por sus parejas y exparejas, tiene un enorme peso político, institucional y social.

No se trata de una declaración cualquiera. Es, en esencia, la admisión de que el Estado dominicano no ha sido capaz de evitar que decenas de mujeres continúen perdiendo la vida cada año en circunstancias que, en muchos casos, pudieron prevenirse.

Cuando dos altas funcionarias reconocen públicamente que el sistema ha fallado, también están admitiendo que las llamadas políticas públicas destinadas a prevenir la violencia contra la mujer no han producido los resultados esperados. Y eso obliga al país a una reflexión seria, honesta y despojada de consignas.

Durante años se han desarrollado campañas de orientación, jornadas educativas, líneas de asistencia, casas de acogida y reformas legales dirigidas a endurecer las sanciones contra los agresores.

El discurso oficial ha insistido en la necesidad de denunciar, de no guardar silencio y de actuar antes de que ocurra una tragedia. Sin embargo, la realidad continúa golpeándonos con cifras alarmantes de feminicidios que evidencian que algo esencial sigue fallando.

La pregunta ya no puede limitarse a cuántas campañas hacen falta ni a cuántos anuncios oficiales se colocan en televisión o redes sociales. La verdadera interrogante es por qué, pese a todo ese aparato institucional y comunicacional, seguimos registrando un número tan elevado de mujeres asesinadas por hombres con quienes mantuvieron vínculos sentimentales.

Hay un problema estructural que todavía no estamos abordando con suficiente profundidad. Y ese problema no se resuelve únicamente con endurecer penas o multiplicar mensajes publicitarios. La violencia machista tiene raíces culturales, psicológicas, sociales y familiares mucho más complejas de lo que a veces se admite desde el poder.
Resulta evidente que una parte importante de los agresores actúa bajo patrones de control, obsesión, dependencia emocional y frustración que terminan convirtiéndose en violencia extrema.

Muchos de ellos habían amenazado previamente a sus víctimas. Otros tenían denuncias acumuladas. Algunos incluso habían sido sometidos judicialmente. Y aun así terminaron asesinando.

No basta con recibir denuncias si luego las víctimas quedan prácticamente solas frente a sus agresores. No basta con emitir órdenes de alejamiento si no existe capacidad real para supervisar su cumplimiento. No basta con endurecer condenas cuando el crimen ya ocurrió. La prioridad debe ser impedir que ocurra.

La sociedad necesita discutir con mayor profundidad la salud mental, la violencia aprendida en los hogares, la normalización de conductas posesivas y la incapacidad de muchos individuos para aceptar rupturas sentimentales.
Lo que estamos viviendo, en esencia, es la expresión de una impotencia colectiva: una sociedad que se alarma frente a cada agresión y frente a cada crimen, pero que termina resignándose ante el hecho consumado.

Y si desde el propio Estado las más altas autoridades reconocen que el sistema ha fallado, el mensaje que recibe la población es todavía más inquietante: que muchas mujeres continúan desprotegidas frente a sus agresores.

Durante demasiado tiempo el debate ha sido abordado únicamente desde la reacción política o desde el impacto mediático de cada tragedia. Sin embargo, las estadísticas indican que el fenómeno requiere una intervención mucho más integral, seria y sostenida.

El Estado necesita revisar de manera urgente los resultados reales de sus políticas actuales. No desde informes complacientes ni desde cifras maquilladas, sino desde una evaluación transparente y consciente de lo que verdaderamente está funcionando y de lo que claramente ha fracasado.

La violencia contra la mujer no desaparecerá únicamente por decreto. Tampoco se resolverá exclusivamente con discursos de ocasión después de cada feminicidio.