SANTO DOMINGO. El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, agilizar la conformación de la Comisión de Validación, Depuración y Pago establecida en la Ley 16-26, al cumplirse un mes de la promulgación de la normativa que autoriza el reconocimiento y pago de deudas pendientes a contratistas del Estado.
La organización expresó su preocupación por la falta de información oficial sobre la integración de dicho organismo, considerado una pieza clave para iniciar el proceso de revisión, validación y eventual pago de los expedientes acumulados durante años por ingenieros, empresas constructoras y suplidores que ejecutaron obras para instituciones públicas.
Miguel Liberato, vocero del CIC, señaló que la promulgación de la Ley 16-26 representó un avance significativo para atender una deuda histórica del Estado con cientos de contratistas. Sin embargo, advirtió que la efectividad de la legislación dependerá de la rapidez y transparencia con que se ponga en funcionamiento la comisión contemplada en la ley.
El gremio recordó que la normativa, promulgada el 1 de mayo de 2026, creó una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía con la responsabilidad de recibir, revisar, validar y depurar las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, antes de recomendar los pagos correspondientes.
Asimismo, el CIC consideró necesario que las autoridades informen al país quiénes integrarán el organismo, cuál será la metodología de trabajo y el cronograma para la recepción y evaluación de expedientes, a fin de garantizar un proceso transparente y confiable para los potenciales beneficiarios.
Según datos del propio comité, más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de la aplicación de la Ley 16-26, que busca resolver reclamaciones acumuladas durante décadas por trabajos realizados para distintas entidades estatales.
El CIC reiteró que el verdadero éxito de la legislación no dependerá únicamente de su existencia jurídica, sino de su ejecución efectiva, mediante un proceso ordenado que permita ofrecer respuestas concretas a los contratistas que esperan el reconocimiento y pago de sus acreencias.