El derecho procesal penal se debate con frecuencia en la línea de fuego que separa el clamor de justicia y reparación de las víctimas, de la preservación de las garantías que sostienen el Estado democrático de derecho.

La resolución del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en ocasión de la tragedia por el colapso del Jet Set, coloca sobre el tapete judicial una decisión jurídicamente correcta, tanto en la esfera penal -a pesar de los legítimos reclamos de una mayor sanción- como en la civil.

Se debe tener claro que en la audiencia preliminar no se juzga la culpabilidad; se trata de un filtro procesal.

El juez evalúa si la acusación del Ministerio Público y las querellas poseen seriedad y sustento probatorio suficientes para determinar una probabilidad de condena.

Al dictar el auto de apertura a juicio y autorizar embargos e inscripciones hipotecarias por quinientos millones sobre los bienes de los hermanos Espaillat y sus empresas, el juzgador ha validado que el reclamo de las víctimas no es un capricho, sino una causa fundada en derecho.

¿Qué debe suceder en el juicio de fondo? Este es el escenario de la oralidad, la publicidad y la contradicción. Aquí el tribunal apoderado buscará certeza absoluta, no probabilidades.

Ante las pruebas presentadas, el proceso deberá culminar con la condena de los hermanos Espaillat, pues se demostrará la vinculación directa entre sus negligencias graves y la tragedia, obligándolos a responder con la pena más severa prevista para el homicidio involuntario.

En lo civil, el desenlace deberá ser igualmente contundente. Tanto los acusados personalmente como sus empresas demandadas como terceros civilmente responsables, tendrán que pagar solidariamente por el daño causado.

La justicia exige una reparación integral que devuelva la dignidad a las víctimas mediante una sanción patrimonial drástica y efectiva sobre el grupo comercial involucrado. Los quinientos millones de pesos autorizados constituyen el soporte real que podría garantizar que los afectados no se queden con una sentencia para colgarla en la pared.

La decisión es un triunfo del orden público y de la seguridad jurídica. El derecho no puede claudicar ante la indiferencia y la irresponsabilidad en la gestión del Jet Set. La verdadera justicia condena con firmeza y obliga implacablemente a pagar el daño civil provocado, purga el sistema, dignifica a las víctimas y delimita la responsabilidad penal y civil de los culpables.