Al presentar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de la República Dominicana 2018, el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, dijo que la muerte de civiles en supuestos intercambios de disparos con agentes continúan llamando la atención “ya que ningún miembro de la policía resulta herido en los mismos”.

En ese sentido, señaló que “la negativa del Estado a solucionar dicha deficiencia y la superficialidad con la que desde las instituciones públicas y el Gobierno se maneja el tema de las ejecuciones extrajudiciales nos hace pensar en la elección de una estrategia que tiene el objetivo de eliminar la criminalidad de una forma fácil (…)”.

Este año, además, “se ha registrado un auge de los casos de torturas y tratos deshumanos y degradantes hacia ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el informe, que también denunció atropellos en contra de activistas de los derechos humanos y de migrantes, sobre todo, de haitianos.

El informe también alertó de la situación de las mujeres y los menores de edad en el país, y recordó que la República Dominicana es el quinto país en América Latina y Caribe por incidencia de feminicidios, con un promedio de 177 casos por año.

De acuerdo con la investigación, el 80 % de los casos de feminicidios pasaron por la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía, “sin encontrar la protección adecuada”.

También se refirió al tema del aborto, totalmente prohibido en el país, así como a la violación de los derechos humanos a la comunidad LGBTIQ (gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer).

Al tocar el tema de la inseguridad ciudadana, afirmó que “los dominicanos no se sienten seguros en ningún lugar” del país, y citó un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que indica que la percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una de las más altas de la región.

Además, el país caribeño está entre las naciones con alta tasa de homicidios, 23 por más de 100.000 mil habitantes, agregó el informe de la CNDH, que subrayó que “la militarización de nuestras ciudades contribuye al aumento de la percepción de la inseguridad”.

El informe también denunció la situación de la vivienda, la salud, el medioambiente y las cárceles, que calificó de “penosa”.