Abel Martínez rechaza orden de fiscal de desarmar agentes municipales
- Dice que la ley no le da potestad al Ministerio Público para inmiscuirse en los asuntos municipales
SANTIAGO, RD.- El alcalde de Santiago, Abel Martínez, rechazó la intimación que le hizo el procurador fiscal para que desarme a los miembros de la Policía Municipal, al tiempo de indicar que el representante del Ministerio Público carece de potestad para inmiscuirse en asuntos edilicios.
En un comunicado de prensa enviado por la oficina de relaciones públicas del cabildo local, considera como una desconsideración y desconocimiento de la ley que el titular del Ministerio Público quiera involucrarse en asuntos que competen a una institución que cumple con lo establecido por la Ley 176-07 que rige los ayuntamientos y los distritos municipales.
Indica que el procurador fiscal, José Francisco Núñez, debió proceder conforme a lo que dispone el artículo 59 de la Ley 137-11, iniciando un procedimiento de conflicto de competencia por ante un Tribunal Constitucional.
«Pero el fiscal Núñez tampoco observó el artículo 104 de la Ley 176-07, actitud que lo coloca como un desconocedor del procedimiento», sostiene el documento del ayuntamiento de Santiago.
Agrega que la alcaldía rechaza que el fiscal santiagués trate de cuestionar la función de la Policía Municipal, por lo cual la actitud del representante del Ministerio Público es “un irrespeto a la autoridad municipal”.
Precisa que la misión de la Policía Municipal es cuidar, vigilar y preservar los bienes municipales como parques, mercados, cementerios, mataderos, galleras, plazas, plazoletas, instalaciones deportivas, centros comunales y áreas verdes.
El pasado viernes, el procurador fiscal José Francisco Núñez envió un acto notarial al alcalde Abel Martínez, advirtiéndole que debía proceder a desarmar los ciudadanos civiles que porten armas de fuego a nombre del Ayuntamiento.
Igualmente, advirtió que aplicaría la Ley 631-16 sobre control y reglamentos de armas, municiones y materiales relacionados, en la que el artículo 70 establece que todo funcionario que se compruebe que haya otorgado un arma de fuego a un civil sería sancionado con una pena de tres a cinco años de cárcel.
Este lunes el procurador fiscal santiagués rehusó hablar sobre el tema en cuestión.