SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó en el Congreso una solicitud para modificar la Constitución y resolver «lagunas» en el sistema de justicia e impulsar un cambio estructural que garantice la salud institucional del país.
La petición fue realizada por una comisión encabezada por el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, quien entregó una carta dirigida a los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho.
El gremio sugirió la modificación de los artículos 171, 176, 177, 178,212 y 247 de la Constitución de la República.
Surun Hernández explicó que los cambios sugeridos en el artículo 171 son para establecer que el Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos sean nombrados por el Senado por un período de siete años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados.
Asimismo, planteó que se establezcan mayores garantías en el sistema de defensa pública y asistencia legal gratuita.
Propuso, además, modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura e incluir al Colegio de Abogados como miembro, por ser la institución que protege los derechos y deberes de sus miembros y que aplica la disciplina en el ejercicio profesional de todos ellos.
También sugirió el cambio del artículo 212 de la Carta Magna con el objetivo de fortalecer los roles de la Junta Central Electoral y la creación de una Procuraduría Electoral Especializada que dirija la investigación de los crímenes y delitos electorales.
Recomendó que el contralor general de la República sea nombrado por el Senado por un período de siete años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados.
Explicó que «con estas propuestas se crean mecanismos que refuerzan la independencia e inamovilidad del Procurador General de la República y del Contralor General de la República, como mecanismos efectivos de prevención y lucha contra la corrupción administrativa».
Dijo que es necesario impulsar un cambio estructural que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho y, sobre todo, de la salud institucional de la República Dominicana.