ATENCIÓN: FINJUS advierte los ministros no pueden participar en campaña
SANTO DOMINGO, RD.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, exigió a los funcionarios públicos respetar la Ley Orgánica del Régimen Electoral que les prohíbe participar en actividades proselitistas en favor de un candidato o partido político.
Explicó que en su artículo 196 la Ley Electoral establece: “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio”.
“En la actual coyuntura, nos hemos dirigido a los precandidatos que se encuentren vinculados al tren gubernamental, sin importar su bandería política, a respetar las leyes vigentes al respecto, en especial de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19”, informó.
Criticó que en República Dominicana exista una vieja práctica de irrespeto a las leyes y dice que si los infractores no sufren las consecuencias de lo que establece la ley se podría volver a viejas prácticas que romperían la esencia democrática y dañarían la seguridad jurídica.
Castaños Guzmán dijo que la Ley 15-19 Orgánica Electoral contiene normas que impiden, específicamente, prevalerse de un cargo público para realizar campaña a favor de uno u otro partido, agrupación o movimiento político determinado.
“A la luz de las informaciones que aparecen en diversos medios de comunicación en el sentido de que algunos funcionarios públicos se encuentran actualmente realizando actos de campaña a favor de candidatos específicos, advertimos que ese comportamiento implicaría un agravio al principio de legalidad y a la naturaleza de sus funciones, lo que es contrario a la Constitución”, expresó.
El jurista agregó que de persistir estas conductas se produciría una lesión en nuestro ordenamiento jurídica que podría acarrear consecuencias negativas para el proceso electoral en sí”.