El Tribunal Supremo condena a los líderes del ‘procés’ en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición
La mayor sentencia ha recaído sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación.
El Tribunal Supremo de España ha condenado este lunes a nueve líderes independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por su participación en el ‘procés’, informan medios locales.
La mayor sentencia ha recaído sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos.
Por otro lado, la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años de cárcel, mientras que los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull afrontan 10 años y 6 meses de prisión. Sobre el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Cuixart, recae una pena de 9 años de cárcel.
La pena impuesta a Santi Villa, Mertixell Borràs y Carlés Mundó consiste en 10 meses de multa y 18 meses de inhabilitación por el delito de desobediencia.
Importantes ausencias
Siete personas acusadas en este proceso no han sido juzgadas, por encontrarse fuera de España huidos de la Justicia. Entre ellas está Carles Puigdemont, que ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat en el momento en que se produjeron los hechos juzgados.
También huyeron otros cuatro exconsejeros del Ejecutivo catalán de aquel periodo (Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig) y las dos diputadas independentistas Anna Gabriel y Marta Rovira, de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y Esquérra Republicana de Catalunya (ERC) respectivamente.
Historia del ‘procés’
El proceso independentista Catalán y el posterior juicio a sus líderes han intensificado considerablemente el debate público en España sobre la integridad territorial de la nación y han azuzado la confrontación política entre los diversos partidos. De hecho, la postura de cada formación respecto a la crisis catalana ha constituido en cada caso un elemento primordial en sus respectivas propuestas electorales de cara a los diversos comicios que se han celebrado desde que estalló la crisis.
A pesar de que el Tribunal Constitucional de España suspendió el referéndum de 2017 varias semanas antes de su celebración, las autoridades catalanas, con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza, decidieron celebrar una multitudinaria consulta en la que participaron, según los propios organizadores, algo más de dos millones de personas. De ellos, más del 90% habría votado que sí, siempre según el escrutinio del propio Ejecutivo catalán que lo impulsó, ya que el plebiscito no contó con supervisión externa ni con validación internacional de ningún tipo.
En cualquier caso, los dirigentes del Gobierno catalán y del Parlamento autonómico dieron validez a los resultados, interpretándolos como un mandato de la ciudadanía, y procedieron a proclamar la independencia de la república catalana en el Parlamento de la región. Entre sus argumentos siempre figuró también el hecho de que en su programa electoral, votado mayoritariamente en Cataluña, ya figuraba un proyecto soberanista cuyo fin era la proclamación de un Estado independiente, por lo que su tarea como Ejecutivo incluía esta hoja de ruta.
La respuesta del Gobierno Central, con Mariano Rajoy (Partido Popular) al frente fue expeditiva, y no exenta de polémica: aplicó el artículo 155 de la Constitución Española (poniendo en marcha un mecanismo por el que el Estado suspendía la autonomía de Cataluña y se hacía cargo provisionalmente de la gestión de la región); destituyó al Gobierno de Puigdemont en bloque, y convocó elecciones que se celebrarían dos meses después.
En paralelo, la Justicia encausó a los responsables del proceso independentista, y llevó a cabo una severa instrucción judicial a cargo del Juez Pablo Llarena, centrada, principalmente, en dilucidar si los acusados habían instrumentalizado la violencia (y el dinero público) para la obtención de sus objetivos soberanistas. Una vez terminada la fase de instrucción, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa, en este juicio que ya es parte importante de la historia política de España.