El Gobierno de facto de Bolivia abroga decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal
El decreto 4078 había sido autorizado por la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, el 15 de noviembre pasado.
La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, derogó este jueves un decreto con el que se eximía a las Fuerzas Armadas (FFAA) de «responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa».
El pasado 15 de noviembre, Áñez aprobó el decreto 4078, que en su artículo tercero, autorizaba a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones sin responsabilidad penal, bajo el argumento de reestablecimiento del orden público.
«Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de esta características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia», justificó Áñez al anunciar la anulación del decreto durante una conferencia de prensa en Palacio Quemado de La Paz.
La abrogación, señaló, se da en cumplimento de acuerdos establecidos con organizaciones sociales para pacificar Bolivia, país que se ha visto envuelto en una crisis social, que suma hasta ahora al menos 34 muertos, tras el golpe de Estado contra el presidente depuesto, Evo Morales.
«Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la compresión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación», expresó Áñez.
Tras el anuncio del Gobierno de facto, Morales criticó que «racistas» y «golpistas» se llamen ahora «pacifistas», al tiempo que llamó a los bolivianos a reflexionar sobre lo acontecido y a no tolerar el «doble discurso».
«Convoco a los bolivianos a profundas reflexiones sobre el pasado y presente, para no olvidar a nuestros muertos, no abandonar a los heridos y detenidos, hasta recuperar la democracia», escribió el mandatario dimitido en Twitter.
El 17 de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la emisión del «grave decreto», al señalar que este desconocía «los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta».
Sin embargo, durante su discurso de este jueves, Áñez defendió la «constitucionalidad» del recurso, al que, dijo, los gobiernos pueden recurrir «cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se sienta amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos».
Recientemente, organizaciones sociales de Argentina anunciaron una misión de observación a Bolivia, a fin de documentar violaciones a derechos humanos mediante un protocolo de recolección de datos y pruebas. Luego, con la información, harán la denuncia frente a los organismos internacionales que corresponda.
Asimismo, la autoproclamada presidenta agradeció este día a las FFAA por «su oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación».
La crisis en la nación sudamericana ha dejado hasta ahora 34 fallecidos, más de 800 heridos y 1.500 detenidos, con base en datos de la Defensoría de Bolivia.