ADP encuestará sobre 20 temas de Ley de Educación

ADP encuestará sobre 20 temas de Ley de Educación

La pertinencia de la educación sexual, la eliminación de las pruebas nacionales, la laicidad y universalidad de la educación y la enseñanza de un segundo idioma forman parte de una encuesta que está siendo aplicada en todo el país como parte de la consulta pública y abierta sobre la reforma de la Ley General de Educación.

La iniciativa es de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que desde el pasado lunes ha estado aplicando un cuestionario de 20 preguntas a una muestra de 50 mil personas, compuesta en un 60% de profesores, el 30% de padres, madres o tutores y el 10% de estudiantes.

La consulta abarca varias preguntas, incluida si el ministro de Educación debe ser un educador; si el acceso a los cargos de la carrera docente deben ser mediante concurso de oposición o si el salario base de los docentes debe ser igualado en todos los niveles de la educación preuniversitaria.

Dichas encuestas están siendo aplicadas por miembros de los comités municipales del gremio en sus 155 seccionales que serán procesados por la empresa de investigación de mercado Geodata y dados a conocer a la opinión pública el próximo 10 de julio. También está contemplada una consulta virtual a través de la página web de la ADP: http://asociaciondominicanaprofesores.org.

La información la ofrecieron el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la vicepresidenta Primitiva Medina y el expresidente del gremio Enrique De León, quienes durante una visita a la redacción de elCaribe explicaron que la consulta abarca la celebración de un foro permanente los días 12, 21 y 28 de junio en el salón de videoconferencias de la biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Buscan lograr el mayor consenso

Hidalgo dijo que procuran la participación de autoridades educativas, exministros de Educación, catedráticos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y docentes, de manera que las propuestas recogidas en el anteproyecto resultante sean fruto del más amplio consenso. “Lo que queremos es que la ley que surja sea fruto del consenso”, dijo el dirigente magisterial.

De su lado, Primitiva Medina explicó que la Ley 66-97 de Educación debe reflejar los cambios que en materia docente se introdujeron en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Constitución del 2010, el Pacto Educativo que estableció el 4% y la Ley de Seguridad Social en procura de elevar la calidad educativa y el sostenimiento de la carrera docente.

Reina entusiasmo entre profesorado

Enrique de León, quien coordina la Comisión de Reforma, agregó que los profesores están muy entusiasmados con el proceso y anunció que una vez tengan el primer borrador de anteproyecto éste será presentado a las asambleas distritales, regionales y la Asamblea del Pleno del Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

Indicó que cuentan con el acompañamiento de la Internacional de Educación para analizar las tendencias legislativas en países de América Latina como Chile, Costa Rica, Colombia, entre otros.

Con estas acciones el gremio asume una actitud proactiva frente a la propuesta de reforma planteada por el ministro de Educación, Andrés Navarro, quien ya ha sostenido encuentros con el Centro Económico y Social (CES) y la comisión de Educación del Senado; sin embargo, todavía no se ha acercado al sindicato de maestros.

Reforma convoca a todos los actores involucrados

Hidalgo manifestó que al tratarse de una ley orgánica que requiere del consenso de las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados se requerirán vistas públicas para escuchar una multiplicidad de voces con lo cual se mostró seguro de que no podrá ser una ley impuesta. Hidalgo garantizó que los resultados de la encuesta serán transparentes ya que se han establecido criterios claros para la selección de la muestra y celebrado talleres para su aplicación de manera que no haya posibilidad de manipulación.

Adecuar la ley 66-97 a la Constitución del 2010

“Se debe adecuar la ley General de Educación a la Constitución de la República que posee una visión garantista de derechos, reconoce el derecho a la educación integral, de calidad y permanente, y la obligación del Estado de garantizar la educación pública gratuita y obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. Eleva a rango constitucional el ejercicio de la carrera docente y la obligación del Estado a propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes”, dice el documento de consulta.

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