República Dominicana- Desde que fue anunciado por el presidente Luis Abinader en diciembre del 2024, los escándalos y cuestionamientos por irregularidades, tanto en la distribución como en la elaboración del listado de beneficiarios, han rodeado el programa social denominado Brisita Navideña.
Ante los nuevos cuestionamientos de la oposición, en este caso específico, del Partido de la Liberación Dominicana, el Gobierno admitió que 400 mil, de los 3 millones de bonos de mil 500 pesos, destinados a familias de escasos recursos no han sido distribuidos, aunque niega malversación de fondos.
«Irregular fuera si esos bonos pudieran haber sido entregados de forma indebida, o se hubiesen perdido, o si el dinero se hubiese esfumado. Nada de eso ha sucedido», expresó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.
“Esas tarjetas no se han distribuido, pero no evidencia que haya corrupción o dilapidación de recursos, simplemente no se han distribuido”, añadió el funcionario al término del primer Consejo de Ministros de este año, señalando que, el Gabinete de Política Social dará una explicación en los próximos días.
«En este caso, lo han presentado como una irregularidad, cosa que no existe, porque simple y llanamente, hasta la fecha, hay 400,000 bonos que no han sido distribuidos, eso es todo. No entiendo dónde está la irregularidad», dijo Paliza.
Paliza señaló que la oposición, en su rol, identifica elementos que quisiera visibilizar para intentar generar rentabilidad política.
Denuncia del PLD
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció irregularidades con la entrega del Bono Navideño de parte del Gobierno, por lo que pidió a la Cámara de Cuentas auditar los programas de ayudas sociales.
Durante una rueda de prensa, la organización opositora solicitó al Gobierno esclarecer adónde y a quiénes entregaron los 600 millones de pesos, equivalentes a 400 mil tarjetas, de los tres millones que informaron que distribuirían.
Basada en la información que le entregó el Gabinete de Políticas Sociales, el PLD también dijo que halló una desviación del 36 % de los bonos hacia entidades que no tienen que ver con ayudas, como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y las direcciones de Bienes Nacionales, Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Pasaportes y Contabilidad Gubernamental.