El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, abordó el alcance de la ley de contrataciones públicas durante una entrevista realizada la mañana de este miércoles en el programa Telematutino 11, en la que explicó su enfoque como herramienta de desarrollo y se refirió al origen del régimen de impunidad en este sistema.
Las contrataciones públicas como motor de desarrollo
Pimentel afirmó que las contrataciones públicas tienen como fin aportar al desarrollo económico del país. Señaló que la transparencia, el control y la eficiencia son medios necesarios, pero no el objetivo final del sistema, cuyo propósito es atraer inversión, generar empleos y dinamizar la economía mediante políticas públicas.
En ese contexto, destacó que se prioriza la contratación de la producción nacional y que se incrementa del 20 % al 30 % el presupuesto destinado a procesos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Asimismo, se eleva del 5 % al 10 % la proporción de procesos orientados a las MIPYMES Mujer y se aumenta del 20 % al 30 % el anticipo que deben recibir estas empresas cuando resultan adjudicadas.
El director de la DGCP subrayó que más del 95 % del tejido económico nacional está compuesto por pequeñas y medianas empresas, con presencia en todo el territorio, y que el enfoque de las contrataciones desde una perspectiva estratégica busca convertir este sistema en un motor de desarrollo y dinamización económica.
No es una ley anticorrupción, sino una apuesta al desarrollo
Durante la entrevista, Pimentel enfatizó que la ley de contrataciones públicas no es ni debe ser concebida como una ley anticorrupción. Afirmó que su razón de ser es apostar al desarrollo del país y que esa debe ser la base de la conversación pública en torno a este marco legal.
Indicó que el sistema de contrataciones está orientado a impulsar el crecimiento económico, atraer inversión, generar empleos y fortalecer el tejido productivo nacional, especialmente a través de la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de compras del Estado.
El origen del régimen de impunidad en las contrataciones públicas
Al referirse al tema de la corrupción y la impunidad, Pimentel sostuvo que se ha avanzado y que la ley ha sido un instrumento que ha contribuido a ese proceso. No obstante, identificó el origen del régimen de impunidad en la antigua Ley 340-06 de contrataciones públicas, aprobada en 2006 como parte de un compromiso con el DR-CAFTA, durante el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández.
Explicó que dicha ley fue modificada apenas seis meses después de su aprobación, cuando se le eliminó el régimen de consecuencias. Señaló que una ley sin consecuencias dio lugar al nacimiento de un régimen de impunidad, al retirar los mecanismos destinados a sancionar las irregularidades. Según indicó, ese hecho marcó el inicio de la instalación de un esquema de impunidad en las contrataciones públicas a partir del año 2006, y así debe quedar recogido en la historia.
El funcionario afirmó que la corrupción existe en todos los países y que no es realista aspirar a su eliminación total, ya que responde a condiciones éticas y morales de quienes ejercen funciones públicas o privadas. Sin embargo, enfatizó que lo que no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia es un régimen de impunidad.
En ese sentido, señaló que el país viene de un período previo al año 2020 caracterizado no solo por la impunidad, sino también por esquemas de complicidad, donde incluso las instancias llamadas a investigar y perseguir la corrupción formaban parte de esas estructuras. Concluyó reiterando que la ley de contrataciones públicas debe entenderse como una apuesta al desarrollo del país y que ese debe ser el eje central del debate.