Colombia autoriza el ingreso de una unidad del Ejército de EE.UU. para reiniciar «una misión de asesoramiento»
El ministro para la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó este jueves que el ejecutivo recibió una carta con el visto bueno de 69 congresistas, «más de la mayoría absoluta» del Senado, para reanudar la misión de «asesoramiento, cooperación y entrenamiento» por parte de una unidad del Ejército de EE.UU.
Según Trujillo, los «53 soldados» estadounidenses que conforman esta brigada «iniciaron otra vez el 20 de julio» sus tareas para el combate contra el narcotráfico en cinco unidades militares.
Las operaciones de estos militares extranjeros fueron suspendidas el pasado 2 de julio mediante un fallo judicial emitido tras el reclamo formulado por senadores de la oposición Colombia.
En este sentido, Trujillo aseguró que el gobierno cumplió con los tres items que el Tribunal de Cundinamarca instruyó cuando ordenó suspender las actividades de los militares extranjeros, hasta que su presencia en el territorio nacional fuera discutida en el Congreso.
De acuerdo con el Ministro, al tratarse de un «asunto de cooperación militar que no implica el tránsito de tropas», el Congreso decidió que el Gobierno podía «mantener y seguir adelantando» las actividades de la brigada estadounidense en el país.
La autoridad afirmó que esta presencia militar no guarda relación con Venezuela. «Esto no tiene nada que ver con Venezuela, esto tiene que ver con Colombia, tiene que ver con la lucha colombiana contra el narcotráfico, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza Pública», enfatizó Trujillo.
El pasado 11 de julio, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la operación antinarcóticos emprendida por el Comando Sur con ayuda de Colombia, a comienzos de abril, busca cortar «las vías de financiación» del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al que Washington acusa sin pruebas de depender de «los beneficios de la droga para mantener su poder».
Al respecto, Maduro aseguró que se trata de «acusaciones sucias, inmundas y falsas» contra el país suramericano «y el honor de sus instituciones».