Desde diciembre de 1994, Estados Unidos asumió la responsabilidad de convocar, cada cinco años, una Cumbre de las Américas, concebida como un foro de alto nivel para discutir iniciativas de impacto regional en áreas como integración comercial, desarrollo social, fortalecimiento democrático, medio
ambiente y cooperación.

La primera de estas cumbres, celebrada en Miami bajo el liderazgo del entonces presidente Bill Clinton,
reunió a 34 jefes de Estado y de gobierno del continente, entre ellos el dominicano Joaquín Balaguer, cuya presencia, en su momento, generó controversia dentro y fuera del país.

Aquel encuentro fue enfático en declarar que sólo asistirían “presidentes democráticamente electos”. Sin
embargo, en 1994, República Dominicana vivía un clima de cuestionamientos electorales. La reciente reelección de Balaguer generó una crisis política derivada de fuertes críticas por parte de la oposición, encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que alegaba irregularidades en el proceso.

A pesar de ello, Balaguer no sólo fue invitado, sino que se destacó como una figura influyente en el cónclave, ganándose incluso la atención especial del presidente Clinton y del mandatario argentino Carlos Menem. Fue un ejemplo claro de cómo la veteranía política del líder reformista lograba imponerse en escenarios de gran relevancia internacional.

Tuve la oportunidad de asistir, en calidad de periodista, a las primeras cuatro ediciones de estas cumbres —Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Quebec, Canadá (2001) y Mar del Plata, Argentina (2005)—, lo que me permitió observar de primera mano tanto el entusiasmo inicial como los contrastes entre las promesas diplomáticas y la ejecución posterior.

Las siguientes cumbres profundizaron la agenda con temas como la creación del ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas), justicia regional, migración, defensa de los derechos humanos e integración institucional. Desde entonces, se han celebrado once cumbres en total —nueve ordinarias y dos extraordinarias—, pero la pregunta persiste: ¿han logrado estos encuentros traducirse en beneficios concretos y sostenibles para los pueblos del continente?

República Dominicana se prepara ahora para ser sede del próximo encuentro hemisférico, pautado para diciembre de 2025, en Punta Cana. Las expectativas son altas, pero también la tensión política que rodea el evento.

La región vive el impacto del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, la reducción de la cooperación estadounidense, aranceles unilaterales y la presencia creciente de buques de
guerra en el Caribe. Aunque se justifica como lucha contra el narcotráfico, países como Venezuela y Colombia lo perciben como provocación o intervención velada.

A esto se suma la decisión de la Cancillería dominicana de no invitar a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que ha provocado la ausencia anunciada de los presidentes de México y Colombia en señal de protesta. El principio de inclusión hemisférica vuelve a estar en juego, ahora con República Dominicana como epicentro del debate.

Un tema que no podrá ignorarse es la crisis haitiana. Como país anfitrión y directamente afectado, República Dominicana ha reiterado en foros internacionales la necesidad de una intervención efectiva.

Omitir el tema en la agenda sería no sólo un error estratégico, sino también una falta de compromiso con la estabilidad regional.

Pero todas las miradas estarán puestas en si el presidente Trump asistirá o no. Su presencia enviaría un mensaje claro sobre el compromiso de Estados Unidos con la región; su ausencia, en cambio, pondría en entredicho la legitimidad y el alcance de cualquier resolución adoptada.