SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que 26,167 personas con distintos tipos de pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo aún no han sido reclamadas.
Un documento de prensa de la entidad dice que aún no han formalizado su inclusión en la nómina de pensionados del Estado de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda.
Elías Báez, director de la DIDA, indicó que el listado de estos beneficiarios fue suministrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a solicitud de la DIDA, con el objetivo de identificar a las personas con pensiones aprobadas que aún no han completado el proceso de incorporación a nómina de pensionados y se inicien los pagos mensuales.
Explicó que entre las personas identificadas figuran beneficiarios de pensiones solidarias, por antigüedad en el servicio y pensiones del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), quienes ya cuentan con el derecho otorgado mediante decretos del Poder Ejecutivo, Ley del Congreso Nacional o resolución del IDSS aprobada por la DGJP.
Llamó a las personas que han solicitado pensión y que no han tenido respuesta de su proceso a consultar la página de web www.dida.gob.do en el siguiente enlace Listado-de-Pensiones-Pendientes-de-Formalizar-su-inclusion-a-Nomina-corte-noviembre-de-2025.pdf, o consultar en las redes sociales @didardo y vía telefónica al teléfono 809-472-1900.
Informó que en caso de aparecer en la lista las personas beneficiarias deben presentarse en las oficinas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) con su cédula de identidad y electoral (original y copia), una fotografía 2×2.
Agregó que una vez completada la validación, la DGJP procederá con la inclusión en la nómina general de jubilados y pensionados del Estado, a fin de garantizar el pago mensual correspondiente conforme al régimen legal aplicable. El plazo para la inclusión es de tres meses.
Destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional con la protección social, la transparencia y la defensa de los derechos ciudadanos, garantizando que cada persona beneficiaria pueda ejercer efectivamente su derecho a recibir la pensión que le corresponde.