El angustioso intento de Ricardo Martinelli por evadir la justicia mediante una amnistía para quienes han sido condenados por corrupción
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá (2009-2014), se encuentra asilado desde hace más de un año en la embajada nicaragüense ubicada en Panamá. Este domingo, hizo un llamado a los diputados de su partido para que respalden una propuesta legislativa que busca amnistiar a aquellos condenados por delitos de corrupción.
“En mi calidad de presidente del partido Realizando Metas (RM), instruyo a los 15 diputados que conforman nuestra bancada en la Asamblea a que voten a favor del proyecto de amnistía”, comentó Martinelli en un video publicado en sus redes sociales, subrayando que esta ley podría beneficiarlo personalmente.
Martinelli, líder del partido oficialista Realizando Metas, instó a los diputados no solo a apoyar la propuesta, sino también a “defenderla y participar de manera activa, ya que este proyecto tiene como objetivo reconciliar al país, sanar las heridas y superar un periodo difícil en el que la justicia fue manipulada con fines políticos”.
“Hago un llamado a la población y al país para que pasemos la página y busquemos la armonía y la paz”, añadió el exmandatario, quien se encuentra refugiado en la embajada nicaragüense tras recibir una condena de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y un intento fallido de salir del país con un salvoconducto hacia Nicaragua.
El proyecto de ley que proponía amnistía para los condenados y procesados por corrupción, debido a que se consideraban delitos políticos, fue rechazado el 15 de abril por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del Parlamento, que es la responsable del primer debate obligatorio antes de su aprobación.
Específicamente, la ley 235, que establece una amnistía por delitos políticos y regula otras disposiciones, fue desestimada con cinco votos en contra y solo dos a favor. Uno de los votos a favor fue el del diputado Luis Eduardo Camacho, amigo y portavoz de Martinelli, quien rechazó el primer artículo de la propuesta, lo que llevó al desplome total de la iniciativa.
Periodistas se agrupan frente a la embajada de Nicaragua, donde el expresidente panameño Ricardo Martinelli ha estado refugiado durante más de un año para evitar su arresto, en la Ciudad de Panamá, el lunes 31 de marzo de 2025 (AP Foto/Matías Delacroix).
A pesar de esto, Camacho afirmó que continuará insistiendo en el proyecto de ley ante el pleno de la Asamblea, presentando una serie de informes.
Los diputados que votaron en contra sostuvieron que la iniciativa legislativa otorgaba “impunidad” a quienes habían sido condenados por corrupción y que era inconstitucional, algo que fue disputado por los parlamentarios que estaban a favor de la propuesta.
Durante el debate se hizo referencia de manera explícita a los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela (2014-2019), quienes se encuentran entre los cerca de 30 individuos acusados de lavado de dinero en relación con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Este proceso judicial ha sido reprogramado en varias ocasiones, siendo la última para finales de este año.
La propuesta de ley fue planteada por el diputado del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo ‘Bolota’ Salazar; sin embargo, este grupo se distanció de la iniciativa, aclarando en un comunicado que “no fue presentada” por su grupo en el Parlamento, “ni responde a una agenda colectiva del partido”.
Al defender la propuesta, el diputado Salazar afirmó que el expresidente es un “perseguido político” (una afirmación que Martinelli repite con frecuencia), una víctima de la “justicia ineficaz”, y que cualquiera de sus compañeros legisladores también podría estar en una situación similar en el futuro.
El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) alertó el lunes sobre las “serias objeciones legales y constitucionales” relacionadas con esta iniciativa de ley, además de enviar una carta a la comisión en la que incluía un análisis jurídico del proyecto, que buscaba “extender beneficios de amnistía a delitos comúnmente reconocidos como peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, distorsionando su naturaleza para tratarlos como delitos políticos”.
(Con información de EFE)